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La frustración de todos los involucrados con los peajes en las vías colombianas es comprensible. Las personas están cansadas de pagar cada vez más; los transportadores ven cómo sus costos siguen aumentando por múltiples factores; el Gobierno se siente atado de manos por contratos firmados hace más de una década y los encargados de las concesiones temen no poder garantizar la sostenibilidad financiera que les prometieron a cambio de apoyar el desarrollo del país. La solución no es sencilla. Además de un proyecto de ley que se anuncia en el Congreso y una muy difícil renegociación de los contratos ya pactados, es fundamental que los administradores de las concesiones tengan las herramientas para prestar un mejor mantenimiento de las vías. Colombia sigue siendo un país en construcción y necesita la inversión privada para avanzar.
La última noticia es que el Gobierno congeló el aumento de algunos concesionarios privados porque fue muy por encima del 4,64 %, dictado desde el Ministerio de Transporte. Estos concesionarios tenían la autorización de hacerlo por cláusulas contractuales que firmaron en 2014 y 2021, mediante las cuales las administraciones de turno ofrecieron beneficios a cambio de la multimillonaria inversión en las vías. Ante las protestas ciudadanas, la Casa de Nariño se sentó a dialogar y obtuvo una reducción por seis meses. El presidente Gustavo Petro lo anunció así en su cuenta de X: “Les agradezco a los seis concesionarios que aceptaron la decisión del Gobierno de solo subir en 2,8 % los peajes, a pesar de que los contratos firmados en el 2014 estipulaban aumentos abruptos en determinados años”. Las conversaciones continuarán.
El problema es que los peajes llevan dos años en medio de incertidumbres. Como el Gobierno congeló los aumentos que estaban pactados por ley y por contrato en 2023, con el objetivo de dar un alivio en medio de una inflación alta, este año tiene que haber incrementos considerables. Es una situación similar a lo ocurrido con el Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles: el Gobierno nacional, adoptando una medida responsable, sabe que debe aumentar los precios para responder a las realidades del mercado, pero como hay congelamientos, cualquier tipo de modificación afecta muchísimo a los ciudadanos y a los transportadores. Para el 2025, por ejemplo, se tiene presupuestada una primera alza de 4,64 %, luego otra que responda a la inflación de 2024 y después de abril otra más de 3,71 %. Solo con eso nos pondríamos al día.
Entonces, no se pueden seguir congelando los precios de manera errática. Tampoco es viable incumplir los contratos. Las concesiones han permitido la construcción de vías claves para Colombia así como su mantenimiento. Por los costos que representan, son contratos a largo plazo para dar confianza y atraer dineros que nuestro Estado no tiene. ¿Que se debe repensar cómo se hace? Sin duda. El proyecto de ley en el Congreso que pide separar los peajes cada 150 kilómetros por lo menos, a futuro, es un buen inicio. También se puede, desde la regulación, pedir más transparencia y vigilancia al uso de los recursos para que se inviertan en mantenimiento y buen servicio. Otro punto es asegurar las tarifas diferenciadas para los transportadores de bienes esenciales. Sin embargo, el país sigue necesitando que se construyan sus vías y este mecanismo de concesiones lo ha permitido. Tenemos que llegar a acuerdos.
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