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Una queja constante de los peatones y ciclistas en Colombia es la irrupción de las motos eléctricas, que se aprovechan de una laguna en regulación para andar a su antojo por espacios que deberían estar vedados para ellos. Como explicó hace un tiempo Juan David Quintero, concejal de Bogotá por el Nuevo Liberalismo, “las motos eléctricas avanzan sin SOAT, sin licencia y sin placa. Invaden ciclorrutas y andenes, muchas son conducidas por menores y son baratas para comprarlas, pero cuando hay accidentes, las consecuencias son carísimas”. Tiene razón. Por eso es tan importante que el Ministerio de Transporte haya abierto para comentarios una propuesta de decreto que se tomaría en serio este medio de transporte y crearía unas reglas necesarias para garantizar la seguridad de todos.
La Ley 2486 de 2025 es la culpable del vacío normativo actual. Creó una categoría, Vehículos Eléctricos Livianos de Movilidad Personal Urbana, que no ha sido reglamentada. Entonces, hoy tenemos vehículos eléctricos de dos ruedas que no tienen reglamentos técnicos, no se inscriben en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) y no cumplen estándares de seguridad. La expedición de esa ley fomentó que, dados los bajos precios, hubiera un incremento en las ventas de estos vehículos. Como explicó en La República Iván García, director de la Cámara de la Industria de las Motocicletas de la Andi, “el mayor incremento intermensual de las importaciones en 2025 coincide con la expedición de la Ley 2486 de 2025, en julio de ese año, momento en el que se flexibilizaron las reglas y se trasladó al Ministerio de Transporte la reglamentación de estas categorías”.
Estamos hablando de que el 98 % de las motos eléctricas en Colombia no tienen registro en el RUNT. Su popularidad es comprensible. Andrés Ricardo Aristizábal, presidente de Auteco Mobility (que comercializa las marcas más vendidas), explica que “las ventajas o beneficios que tiene el mercado de movilidad eléctrica, hablando desde los ciclomotores, son muchos, como lo es el costo por kilómetro, ya que cargar una unidad de 0-100 % de dos ruedas puede costar entre COP 1.500 y COP 2.500, según el estrato socioeconómico”. Eso quiere decir que se van a seguir vendiendo como pan caliente, lo que requiere una regulación razonable para evitar más problemas en las calles.
El Gobierno Nacional lo sabe. Al anunciar el proyecto de regulación, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, dijo que “Colombia necesitaba reglas claras frente a una realidad que ya está en las calles”. La propuesta es que, dice el comunicado del Ministerio, se establezcan “requisitos mínimos de seguridad activa, entre ellos sistema de frenos delantero y trasero, luces, elementos reflectivos, señal acústica, limitadores de velocidad y sistemas de protección contra manipulaciones técnicas. Asimismo, contempla el uso obligatorio de casco certificado y chaleco reflectivo en horarios nocturnos”. También se propone una velocidad máxima de 25 km/h en espacios recreativos y deportivos, y de hasta 40 km/h para bicicletas eléctricas autorizadas fuera del perímetro urbano.
Es fundamental que el proyecto termine convirtiéndose en norma. Las autoridades necesitan herramientas claras para ponerles un tatequieto a quienes invaden las ciclovías con vehículos eléctricos y a quienes los utilizan sin cumplir requisitos mínimos de seguridad. También les da a los peatones y ciclistas una manera de reclamar cuando vean esos comportamientos. Sí, la movilidad evoluciona con la tecnología, pero la regulación debe estar actualizada. Hay prioridades que nunca cambian, como la seguridad de todos los que compartimos los espacios públicos.
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