6 May 2021 - 4:00 a. m.

El autoritarismo de Nayib Bukele

El Espectador

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El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha dado otro paso hacia la consolidación de un Estado autoritario al vulnerar la separación de poderes, fundamento esencial de la institucionalidad democrática. Utilizando el Congreso, donde su bancada cuenta con 61 de los 84 escaños, se arrogó el derecho de sustituir ilegalmente a los jueces de la Corte Constitucional, así como al fiscal general, para que se nombren allí funcionarios de bolsillo. Su actuación ha tenido el rechazo de la comunidad internacional, que en buena hora le ha solicitado al gobernante que revierta las medidas de inmediato o tendrá consecuencias. Su respuesta no ha podido ser peor: “Que se vayan todos”.

Una democracia, se sabe, no lo es solo por llevar a cabo elecciones transparentes y verificadas. Lo que acaba de ocurrir en el país centroamericano es un retroceso a la vieja fórmula de “el Estado soy yo”. Un gobernante mesiánico, que asume la condición de caudillo popular, así tenga apoyo del electorado, terminará vulnerando el Estado de derecho e instaurando un régimen autoritario con el desconocimiento de las libertades individuales. Es lo que está haciendo Bukele con El Salvador. Ya se ha ensañado contra los medios de comunicación independientes, para continuar con su deriva autoritaria. Esta situación ya se vivió en el Perú de Fujimori y ahora con la Nicaragua de Daniel Ortega, lo que demuestra que el populismo continúa siendo una gran amenaza para la estabilidad democrática en la región.

En Estados Unidos, el país más importante para El Salvador, también se han hecho fuertes críticas a Bukele y se anuncian decisiones al respecto. Tanto la vicepresidenta, Kamala Harris, como el secretario de Estado, Antony Blinken, han mostrado su desacuerdo. Harris dijo que “el Parlamento de El Salvador actuó para socavar al más alto tribunal de la nación; la independencia judicial es crítica para la salud de una democracia”, por lo cual Estados Unidos “debe responder”. Comentarios similares se han expresado de parte de la Unión Europea, de la ONU, por “desmantelar y debilitar la independencia judicial”, así como de la OEA, “por continuar deteriorando la frágil democracia salvadoreña”.

El problema radica en la incomodidad del mandatario salvadoreño con el sistema de pesos y contrapesos. El año pasado Bukele intentó tomarse el Congreso con el apoyo de militares y arropado por su nivel de popularidad. Ahora, con mayoría parlamentaria, se deshace de la Corte Constitucional, que le ha cuestionado varias de sus decisiones. Algo similar sucede con el fiscal general, que venía actuando junto a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (Cicies), de la OEA: Rodolfo Delgado, el reemplazo impuesto por el mandatario, dejó entrever que revisará el convenio existente con dicha organización para la continuidad de su actividad en el país. La Cicies había identificado 12 casos de posibles actos de corrupción del gobierno.

Frente a las críticas internacionales, Bukele ha dicho: “Estamos construyendo una nueva historia (…) El pueblo no nos mandó a negociar. Se van. Todos”. Este tipo de frases demuestran la gravedad de la situación, en la medida en que se teme que las próximas decisiones afectarán a las cabezas de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, la Procuraduría General de la República, el Tribunal Supremo Electoral y la Corte de Cuentas. Si los organismos internacionales y la comunidad internacional no actúan de forma inmediata para defender la democracia en El Salvador, mediante sanciones efectivas, en poco tiempo se estará consolidando otra dictadura en la región.

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