5 Mar 2012 - 11:00 p. m.

El delito de opinión

No es nueva la tendencia de trasladar el debate público y nutrido que dan los columnistas de opinión en las páginas de los diarios o en las entradas de internet hacia los estrados judiciales, con demandas por injuria y calumnia.

El Espectador

Una práctica que genera efectos perversos sobre la libertad de expresión: cada vez que hay una condena o una denuncia contra un periodista, los comunicadores de distinto estilo reflejan en sus escritos una especie de apaciguamiento. Genera un temor a decir nombres propios, a denunciar, a establecer relaciones entre hombres poderosos y actividades cuestionadas. Empiezan a hablar en términos mucho más generales, tal vez sin adjetivos, tal vez con columnas más acartonadas.

La condena al diario ecuatoriano El Universo ha generado un rechazo mundial. Tanto es así que el mismísimo presidente de ese país, Rafael Correa (el demandante), terminó cediendo al querer aplicar la figura de la remisión, para que esa condena de tres años de cárcel y 40 millones de dólares contra tres directivos y un exeditor del diario fuera retirada. Lo propio sucedió en Colombia con la condena en la que el Tribunal de Cundinamarca ratificó una parte de la pena al periodista Luis Agustín González por su columna publicada en 2008 en el periódico Cundinamarca Democrática, en la que cuestionaba a la exgobernadora y exsenadora Leonor Serrano.

Serrano terminó ganando en los estrados judiciales. Pero no sólo perdió González, quien deberá afrontar, por lo pronto, la condena de 18 meses en prisión y una multa de 18 salarios mínimos mensuales, sino también, y sobre todo, la libertad de expresión en Colombia. Así lo confirman varias organizaciones de defensa de este preciado derecho. La Sociedad Interamericana de Prensa dijo que este incidente era muy grave: lo lamenta, dice que se ha penalizado la opinión y que otros periodistas que a diario ejercen el derecho a la crítica y al disenso se verán amordazados. La comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene una opinión por la misma línea: expresa que quienes ocupan los cargos públicos deben aceptar, en mayor grado, su exposición a la crítica pública. Y es verdad. No sólo a nivel internacional se ha hecho esta flexibilización de los derechos que tienen los funcionarios públicos; la misma Corte Constitucional lo ha dicho en algunas sentencias. Si se asume un nivel de responsabilidad pública y expuesta, un deber es soportar las críticas que esa actividad despierta. Críticas no siempre sanas, pero igualmente parte del diario vivir de las personas, del fluir de ideas, de la esencia de un debate. De nada serviría la prensa si se pliega a los intereses de los funcionarios públicos. La Fundación para la Libertad de Prensa dice algo similar: también se protegen aquellas opiniones que chocan, que irritan.

Con todo, ya está firme el fallo. No quisiéramos entrar a cuestionarlo. Pero sí es hora de abrir un gran debate sobre lo que se conoce como la criminalización de la opinión. Sobre todo en aquellos casos de daño a la reputación de funcionarios públicos que, como lo sostiene la jurisprudencia interamericana, deberían reducirse a sentencias exclusivamente de sanciones civiles.

Claro, no todo puede decirse en una columna de opinión. Pero los estándares para juzgar lo que se puede o no opinar tienen que ser muchísimo más flexibles que los de lo que se puede informar. Mal haría el periódico en el que publicó González en disfrazar esa opinión contra Serrano como una información. Pero si es con nombre propio y bajo el rótulo de opinión, las cosas cambian. De seguir así, no tendríamos espacios para la controversia y los cuestionamientos. No creemos que ese sea el tipo de país en el que queremos vivir.

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