El fracaso de seguir aplazando el derecho a la eutanasia

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El Congreso de la República sigue huyendo de los debates complejos pero importantes. Quedaron faltando tres votos para que avanzara la necesaria regulación de la eutanasia en Colombia, que la Corte Constitucional le ha exigido en varias sentencias. Confrontado por una situación que despierta tensiones morales, pero que en últimas es un reto a la empatía del país entero, el Legislativo decidió utilizar su táctica de siempre: hundir el proyecto y dejar a los colombianos en medio de lagunas jurídicas que terminan siendo llenadas por la jurisprudencia. Se trata de un fracaso moral de los parlamentarios que se dejaron seducir por el oscurantismo. También es un mensaje claro para la Corte Constitucional, que en los meses siguientes tendrá que tomar decisiones sobre temas que suelen remitirle al Congreso, como el aborto. Ha quedado claro que los parlamentarios se sienten cómodos con dejar los derechos fundamentales de los colombianos en el limbo.

Volvimos a escuchar el escándalo ya conocido. Que la eutanasia es una legalización del suicidio, que reglamentarla es fomentar la muerte temprana de pacientes que podrían ser sanados, que es un incentivo para que los médicos no hagan todo lo que esté a su alcance o que es un atentado al esencial derecho a la vida. Son posiciones que se plantan en el miedo y se fundamentan en la religión para estancar una regulación necesaria y, ante todo, humana.

Un error común al hablar de eutanasia es dejarse llevar por las abstracciones. Quienes se oponen hablan de la “vida” como concepto general y del temor de permitir el suicidio asistido. Pero es deshonesto y equivocado aplicar un miedo generalizado a casos muy particulares. Lo que hemos visto en los colombianos que han solicitado el acceso a la eutanasia, en los términos permitidos por la Corte Constitucional, son pacientes que en medio del dolor han pedido dignidad y empatía. No se trata de una conspiración contra la vida, sino de reconocer que hay momentos límites en los cuales lo humano es, precisamente, dejar que cada quien decida cómo enfrenta las enfermedades terminales.

En cambio, la respuesta de la institucionalidad ha sido la agresión. Abundan en la jurisprudencia de la Corte los casos donde los prestadores del servicio de salud se escudan en pirámides de papeleos y trámites para no llevar a cabo la eutanasia. El resultado es que causan más dolor, frustración y estrés no solo a los pacientes, sino también a sus familiares y seres queridos. Hemos visto niños con enfermedades terribles que esperan meses por la eutanasia solo para terminar muriendo sin que los trámites hayan terminado. También vimos pacientes teniendo que exigir sus derechos ante las cortes mientras lidian con una terrible enfermedad.

Esos son los casos que llegan a necesitar la eutanasia. Esos son los niños, niñas, adolescentes y adultos que el Congreso ha decidido abandonar en diversas ocasiones. Al no existir una regulación, los vacíos llevan a burocracias diseñadas para que en Colombia sea muy difícil una muerte digna. En la práctica, lo que hace el Congreso es fomentar el dolor de personas muy vulnerables que solo quieren ejercer autonomía sobre su propia vida. También están atando a los médicos y profesionales de la salud que se ven obligados a tomar decisiones que van en contravía de los deseos de sus pacientes. Por donde se le mire es un fracaso.

La Corte debería hacer lo mismo que hizo con el matrimonio igualitario: dar plazos exactos para que el Congreso actúe y, si no lo hace, entrar a llenar el vacío por vía jurisprudencial. De lo contrario, el caso de la eutanasia muestra lo que ocurre: los derechos de los colombianos siguen siendo aplazados.

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