El fútbol no puede regirse a punta de sabotear los derechos laborales
La División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano (Dimayor) tiene la mala práctica de responder con hostilidad a las críticas. Hace unos años, cuando varios futbolistas hicieron protestas públicas por incumplimiento en pagos y malas condiciones laborales, la respuesta de los directivos fue atacarlos, estigmatizarlos y acusarlos de malos trabajadores. Cada vez que la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) hace un reclamo, en vez del diálogo, la solución es el intercambio de adjetivos. Lo vimos también en lo relacionado al fútbol femenino, donde tocó insistir durante muchos años para tener una liga decente. Ahora la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) tiene en su poder pruebas que parecen mostrar que la Dimayor ha actuado como un cartel con el objetivo de sabotear los derechos laborales de los futbolistas.
Las evidencias las publicó desde mayo el equipo investigativo de El Espectador. En un correo de 2019, el entonces presidente del Cúcuta Deportivo, José Augusto Cadena, les escribió a los otros directivos de clubes que los jugadores Luis Fernando Miranda y Hárrison Mancilla Mulato “pasaron la carta de renuncia desconociendo que jurídicamente no tenían derecho a pasarla”, por lo que les solicitaba “abstenerse de hacer cualquier tipo de negociación con algún agente, representante o con el mismo jugador, ya que lo que quieren es dividir el fútbol y sacar ventaja siempre de nosotros los clubes”. No es el único caso. Este diario conoció un correo del presidente del Boyacá Chicó, Ricardo Hoyos, para impedir que un jugador negociara con otros clubes. El presidente de Unión Magdalena también se convirtió en una piedra en el camino de Hernán Luna Gómez y Jermein Peña a través de un correo electrónico.
Según la SIC, 16 clubes del fútbol profesional colombiano y 20 personas naturales habrían cometido actos anticompetitivos entre 2018 y 2021. De esos, 10 de los clubes investigados habrían enviado comunicaciones a otros equipos con el fin de impedir la transacción de los derechos deportivos de al menos 16 jugadores. La Dimayor también está en el ojo del huracán por tener formatos únicos de contrato y crear estatutos que impiden negociar los derechos de imagen colectivos. A pesar de que la División Mayor se posiciona como un ente rector que no interviene en los clubes ni actúa como empleador, en la práctica sus reglas son tan limitantes que tienen amarrados a los jugadores.
Tal vez lo que más muestra el desequilibrio de poder es la prohibición de acudir a instancias de la justicia ordinaria para solucionar disputas laborales. Todos los mensajes enviados desde la Dimayor a los futbolistas son inequívocos: o se someten a unas consideraciones lesivas o no pueden profesionalizarse.
No debería ser así. El deporte más visto por los colombianos, y que más réditos les produce a los dueños de los equipos, no puede regirse a punta de hostilidad para los derechos laborales de los futbolistas. Lo lamentable es que todo el involucramiento de las autoridades se hubiese podido evitar si, ante los reclamos, la Dimayor se sentara en la mesa con Acolfutpro. Que juntos le mostraran al país cómo se pueden construir reglas claras y benéficas para ambas partes. Ahora lo que tenemos es una justa intervención de la SIC por una situación que sigue manchando el nombre del fútbol nacional. De escándalo en escándalo la liga profesional decepciona a los aficionados.
¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com.
Fe de errores. Una versión inicial de este editorial afirmaba que Ricardo Hoyos era jugador del Boyacá Chicó, en vez de su presidente.
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La División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano (Dimayor) tiene la mala práctica de responder con hostilidad a las críticas. Hace unos años, cuando varios futbolistas hicieron protestas públicas por incumplimiento en pagos y malas condiciones laborales, la respuesta de los directivos fue atacarlos, estigmatizarlos y acusarlos de malos trabajadores. Cada vez que la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) hace un reclamo, en vez del diálogo, la solución es el intercambio de adjetivos. Lo vimos también en lo relacionado al fútbol femenino, donde tocó insistir durante muchos años para tener una liga decente. Ahora la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) tiene en su poder pruebas que parecen mostrar que la Dimayor ha actuado como un cartel con el objetivo de sabotear los derechos laborales de los futbolistas.
Las evidencias las publicó desde mayo el equipo investigativo de El Espectador. En un correo de 2019, el entonces presidente del Cúcuta Deportivo, José Augusto Cadena, les escribió a los otros directivos de clubes que los jugadores Luis Fernando Miranda y Hárrison Mancilla Mulato “pasaron la carta de renuncia desconociendo que jurídicamente no tenían derecho a pasarla”, por lo que les solicitaba “abstenerse de hacer cualquier tipo de negociación con algún agente, representante o con el mismo jugador, ya que lo que quieren es dividir el fútbol y sacar ventaja siempre de nosotros los clubes”. No es el único caso. Este diario conoció un correo del presidente del Boyacá Chicó, Ricardo Hoyos, para impedir que un jugador negociara con otros clubes. El presidente de Unión Magdalena también se convirtió en una piedra en el camino de Hernán Luna Gómez y Jermein Peña a través de un correo electrónico.
Según la SIC, 16 clubes del fútbol profesional colombiano y 20 personas naturales habrían cometido actos anticompetitivos entre 2018 y 2021. De esos, 10 de los clubes investigados habrían enviado comunicaciones a otros equipos con el fin de impedir la transacción de los derechos deportivos de al menos 16 jugadores. La Dimayor también está en el ojo del huracán por tener formatos únicos de contrato y crear estatutos que impiden negociar los derechos de imagen colectivos. A pesar de que la División Mayor se posiciona como un ente rector que no interviene en los clubes ni actúa como empleador, en la práctica sus reglas son tan limitantes que tienen amarrados a los jugadores.
Tal vez lo que más muestra el desequilibrio de poder es la prohibición de acudir a instancias de la justicia ordinaria para solucionar disputas laborales. Todos los mensajes enviados desde la Dimayor a los futbolistas son inequívocos: o se someten a unas consideraciones lesivas o no pueden profesionalizarse.
No debería ser así. El deporte más visto por los colombianos, y que más réditos les produce a los dueños de los equipos, no puede regirse a punta de hostilidad para los derechos laborales de los futbolistas. Lo lamentable es que todo el involucramiento de las autoridades se hubiese podido evitar si, ante los reclamos, la Dimayor se sentara en la mesa con Acolfutpro. Que juntos le mostraran al país cómo se pueden construir reglas claras y benéficas para ambas partes. Ahora lo que tenemos es una justa intervención de la SIC por una situación que sigue manchando el nombre del fútbol nacional. De escándalo en escándalo la liga profesional decepciona a los aficionados.
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