El gobierno debe ser más rápido que los incendios

Tres guardaparques y dos campesinos estuvieron a cargo de apagar un incendio en un páramo del Parque Nacional Natural Los Nevados. En Villa de Leyva, mientras el Ministerio del Interior afirmaba que el 75 % del incendio estaba apagado, los habitantes locales decían que más del 50 % seguía activo. Son síntomas de una falla sistémica: la primera línea de defensa frente al fuego en zonas de altísima fragilidad ecológica corresponde a los habitantes de la zona, mientras la UNGRD responde de manera tardía. Estas son las cifras acumuladas al 20 de septiembre: 1.737 incendios forestales y más de 140.000 hectáreas consumidas en lo que va de 2026. La extensión destruida equivale a la superficie total de Bogotá. Lo vivido en Los Nevados, Tolima y el cerro San Marcos en Boyacá –donde las llamas amenazaron directamente el Santuario de Fauna y Flora Iguaque– confirma que estamos ante la crónica anunciada de un país que insiste en reaccionar cuando el humo ya ahoga a los cascos urbanos.

El Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño ratificó que ya entró formalmente a la categoría de “muy fuerte”. Nos encontramos a las puertas de su pico más agresivo, previsto entre octubre y diciembre. Pero, como hemos advertido, en estos incendios hay además una fuerte responsabilidad humana. El Niño aporta las condiciones extremas –calor desmedido, vientos y hojas y madera secas–, pero la chispa la encienden las quemas agrícolas no reguladas, la expansión de la frontera productiva y, en múltiples casos, las manos criminales.

Además del fuego, las condiciones climáticas que impone el Niño arrastra una reacción en cadena que nos afecta a los colombianos en colectivo: destruye coberturas vegetales, compromete el abastecimiento de agua e impacta directo a la matriz energética nacional, cuyo 70 % depende de embalses que están en niveles críticos. Encender las térmicas con gas importado encarece la vida de todos. A esto se suma que el sector agropecuario absorbe más del 80 % de las pérdidas económicas de las sequías y que el fuego deja partículas nocivas para la salud que viajan cientos de kilómetros. A pesar de que el 85 % de los desastres en Colombia están ligados a variables climáticas, las autoridades estatales siguen sin estar plenamente preparadas. Ya la Procuraduría lo advirtió: resulta injustificable que en pleno 2026 decenas de municipios no cuenten con bomberos ni convenios vigentes. El presidente Abelardo de la Espriella ordenó articulación a la UNGRD y a los ministerios de Minas y Energía, Ambiente, Agricultura, Vivienda y Salud. Además, destinó más de cuatro mil millones solo para el Tolima. Un paso necesario, pero se requiere que el Estado sea más rápido que las llamas.

Colombia requiere con urgencia una política pública de manejo integral del fuego. Voces expertas lo han advertido: se debe pasar de la prohibición a la gestión forestal preventiva: mapear la carga de combustibles a escala local, fortalecer el presupuesto de los parques y organismos de socorro, y hacer pedagogía rural con el sector productivo para sustituir las quemas por prácticas seguras.

Habitamos la crisis climática y hemos sido suficientemente advertidos de la llegada de las sequías. Las lluvias esporádicas de los últimos días no son suficientes. El Estado no debe actuar sobre las cenizas de lo no planificado, pero previsto.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com

Nota del director. Necesitamos lectores como usted para seguir haciendo un periodismo independiente y de calidad. Considere adquirir una suscripción digital y apostémosle al poder de la palabra.