28 Mar 2017 - 3:00 a. m.

El mandato de Cajamarca

El contraste entre la euforia de los pobladores de Cajamarca (Tolima) y el lenguaje jurídico empleado por el Gobierno Nacional a propósito de la consulta popular que el pasado domingo prohibió la minería en ese territorio, es impresionante.

El Espectador

La desconexión entre Bogotá y Cajamarca es una muestra más de lo que ocurre cuando los procesos de adjudicación de proyectos extractivos no tienen en cuenta a las personas que viven en las zonas afectadas.

Después de ocho años de luchas en las que los pobladores se oponían a la extracción de oro en Cajamarca, se realizó una consulta popular que preguntaba si los pobladores estaban de acuerdo, o no, con que en el municipio se desarrollen actividades mineras. El resultado fue contundente. Con 6.165 votos, equivalentes al 97 % del total del escrutinio, los habitantes del municipio tolimense rechazaron los planes mineros en su territorio.

Por eso, la reacción de la gente fue eufórica. Róbinson Mejía, líder de la campaña ganadora, dijo que “esta decisión no solo va a transformar el futuro del municipio, sino el futuro de las políticas públicas de todo el país”. José Domingo Rodríguez, poblador, explicó que “nosotros somos agricultores, no mineros. Si tumbamos La Colosa, tumbamos cualquier cosa”.

Sin embargo, la multinacional AngloGold Ashanti, que adelanta el proceso de obtención de la licencia para extraer oro en La Colosa, dijo que el resultado no es retroactivo. El Gobierno apoyó esa idea, precisando que lo único que genera la consulta es que el Concejo y la Alcaldía de Cajamarca tienen que expedir un nuevo Plan de Ordenamiento Territorial, pero que las decisiones sobre el subsuelo siguen siendo potestad del Estado.

Son varias las consideraciones pertinentes al caso. Primero, esta votación es una manifestación inequívoca de una población sobre el deseo de ejercer soberanía y tener voz y voto en decisiones fundamentales para su sostenibilidad. Por más que el ministro de Minas y Energía, Germán Arce, repita que fue una “decisión política”, no puede el Gobierno simplemente ignorarla porque no le conviene la decisión de las urnas.

Dicho eso, tampoco es viable que ahora se definan las políticas públicas, que afectan los recursos de todo el país, a través de las urnas. Tanto menos considerando que la consulta niega cualquier minería, incluso la que pueda elaborarse de manera sostenible. Si la decisión hubiese sido a la inversa, por ejemplo, que una votación permitiera la minería en una zona protegida que el Gobierno quiere preservar sin intervenciones, ¿estaríamos dando el debate en los mismos términos? ¿Debería ser esa una decisión inapelable? Lo dudamos.

Frente a este caso particular, en lo que hay que pensar es en la viabilidad económica y ambiental de Cajamarca. Aquí hay un mandato a las autoridades locales para que revisen opciones de desarrollo alternativas (por ejemplo, en agricultura o ecoturismo) y cómo lograr que los pobladores se sientan representados por las decisiones que se tomen. Y frente a esa propuesta, el Gobierno Nacional debería entrar a concertar la salida más adecuada a los intereses en conflicto. Porque lo que este proceso deja en evidencia y habrá que cambiar hacia el futuro es que el modelo de asignación de proyectos extractivos que ha predominado en el país y que ha consistido, básicamente, en expedir licencias a lo largo y ancho del territorio, no puede continuar sin que se involucren, con verdadero poder de decisión, las comunidades afectadas.

El Gobierno debe liderar ese esfuerzo de concertación, no simplemente escudarse en su lenguaje jurídico y echarle el problema a la Alcaldía y el Concejo locales. De por medio, más que una decisión política, hay un mandato, unos ciudadanos que quieren desarrollo verdaderamente sostenible, y un ejemplo que no sería extraño ver replicado en otros puntos de Colombia.

 

 

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