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Cuando los mal llamados debates giran en torno a derechos humanos, y tocan de manera directa e invasiva los aspectos más esenciales de la existencia de las personas, no pueden perpetuarse hacia el infinito utilizando el “miedo” como la única excusa para hacerlo. Lo que para algunos es una discusión ideológica, para otros es un sufrimiento tangible. Ese desequilibrio debe estar presente en cualquier consideración, especialmente en aquellas de políticas públicas estatales.
Una clara muestra de la irresponsabilidad que genera la relativización de la realidad es la conversación nacional que se inició con ocasión de una medida relacionada con la protección de las personas con orientaciones sexuales o identidades de género no hegemónicas. Es momento de dejar de fingir que los argumentos expuestos por los conservadores espantados por la diversidad no han sido suficientemente derrotados. La vida de las personas y su bienestar no son parte de un “debate” donde deban respetarse aquellas voces que se escudan en el bienestar general para esconder prejuicios que lo que buscan es la aniquilación —o, en su defecto, la invisibilización— de otros seres humanos.
Ángela Hernández, diputada de Santander por el Partido de la U, dijo que los esfuerzos que adelanta el Ministerio de Educación por garantizar que los colegios sepan ser espacios seguros para sus estudiantes LGBTI son una “imposición” que busca “colonizar” los centros educativos para promover una agenda ideológica. “Respeto la homosexualidad —dijo Hernández—, pero no creo que sea un acto ético, moral y decente dentro de la sociedad”.
Diputada, ¿respetar algo es tildarlo de perversión? Y, más importante aún, ¿cuál es esa agenda dañina que se está imponiendo en los colegios?
No sobra recordar que este esfuerzo del Mineducación se debe al trágico caso de Sergio Urrego, en el cual un adolescente fue perseguido por las directivas de su colegio por tener un novio. ¿Es gravísimo construir los mecanismos para que eso no ocurra nunca, para que los maestros sepan cómo ayudar y orientar a los estudiantes que en la formación de su identidad descubren una orientación sexual o una identidad de género distinta a la mayoritaria? ¿Cuál es el concepto criminal en enseñar que a las personas LGBTI hay que protegerlas, no perseguirlas? ¿Cuál es el “debate” digno de dar ahí? Porque si usted dice, haciéndose eco de la senadora Vivian Morales que anda en una cruzada similar, que debemos “proteger a los niños”, ¿cuál es el peligro? ¿Cuál es la raíz de ese miedo? ¿Qué argumentos hay para decir que otros seres humanos, de carne y hueso, marginados históricamente, no sólo no merecen convivir con las demás personas, sino que son un peligro?
Esos son los términos que atraviesan este “debate” tan “complejo”. Las posiciones, en cambio, son claras: por un lado está el miedo irracional, usando las mismas excusas históricas que se usaron en contra de las mujeres y los afros, y todos los grupos que en algún momento han sido el “otro”, y por el otro lado están personas que repiten la idea sencilla de que una orientación sexual o identidad de género distinta a la mayoritaria no son motivos para temerles, ni razones para censurarles la vida tranquila en sociedad con los demás.
Para nosotros es evidente cuál posición debe guiar el actuar del Estado.
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