El poder económico no puede ocultar la represión

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El mundo no puede seguir haciéndose el que no ve ante la brutal represión contra la minoría uigur en China. Es indefendible que se sigan violando los derechos humanos mientras las democracias se mantienen en silencio por el poder económico de Pekín.

Se estima que desde 2017 han sido enviados a campos de internamiento más de un millón de uigures, una minoría étnica principalmente musulmana que habita en la región autónoma de Xinjiang, al noroeste de China. Durante mucho tiempo, el gobierno de Xi Jinping negó abiertamente la existencia misma de los campos —dotados con torres de vigilancia y vallas de alambre—, para luego admitir que eran “centros de educación ideológica y entrenamiento profesional” como parte de un esquema masivo y voluntario de “alivio de la pobreza”.

Amparado en el argumento de que hay extremistas y separatistas uigures que representan una amenaza para la seguridad nacional, el gobierno ha emprendido una campaña sistemática de represión contra esa población en razón de su etnia, cultura y religión. A pesar del hermetismo extremo que caracteriza a las autoridades chinas, investigadores, periodistas y organizaciones internacionales han podido documentar los abusos, que van desde detenciones masivas hasta esterilizaciones y trabajos forzados. Documentos oficiales revelan la creación de un sistema inhumano de internamiento para reemplazar la identidad de los uigures con una lealtad obligada al Partido Comunista.

Pese a esto, la mayor parte de la comunidad internacional ha permanecido impávida hasta ahora, salvo algunos tímidos reclamos que parecen sucumbir bajo el peso de China en la economía global. Es una situación frustrante que no dista mucho de lo sucedido con Hong Kong, un tema al que nos hemos referido en estas páginas por la pasividad de los gobiernos —incluido el colombiano— ante las flagrantes violaciones de derechos humanos y la persecución contra los activistas prodemocracia hongkoneses.

Sin embargo, esta semana, en el último día de la administración Trump, Estados Unidos fue el primer país del mundo en declarar que China está cometiendo un genocidio —algo que ya había hecho hace meses la campaña del entonces candidato Joe Biden—, además de vetar ciertos bienes que se producen en Xinjiang, que es el mayor productor de algodón y gas natural en China y una región clave en la ambiciosa iniciativa comercial del Cinturón y la Ruta.

El gobierno de Xi Jinping, que hasta ahora parecía sentirse blindado por su poderío económico y se mostraba impasible ante las críticas, respondió sancionando a varios exfuncionarios estadounidenses por emplear “medidas absurdas que han interferido gravemente en los asuntos internos”, y desechó las acusaciones como un “rumor iniciado por fuerzas antichinas y una farsa para desacreditar al país”.

En un momento en que la influencia global de China parece imparable, el resto de la comunidad internacional tiene la obligación de condenar la persecución contra los uigures y adoptar una posición más firme. Ante claras violaciones de derechos humanos, los países democráticos deberían, como mínimo, abstenerse de hacer negocios que se lucran del abuso. De lo contrario, el llamado a proteger y respetar los derechos humanos termina siendo un canto a la bandera al que se acude solo cuando es conveniente.

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