El problema del Congreso es su irrelevancia, no las sesiones virtuales

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Ya sea que utilicen sesiones virtuales o presenciales, el verdadero reto del Congreso de la República es dejar de ser irrelevante. La decisión de la Corte Constitucional que obliga a tumbar el artículo que permitía realizar sesiones no presenciales implica que a partir del 20 de julio los parlamentarios regresarán al Capitolio. Esperamos que no se trate de otra legislatura desperdiciada en debates procedimentales inútiles y aprobando proyectos que no responden a las urgencias que surgieron con el coronavirus. El balance de poderes se rompe cuando una de las ramas claudica a sus responsabilidades.

Cuando aterrizó el COVID-19 en Colombia, los congresistas no supieron responder. El 13 de abril comenzaron a sesionar, pese a que el segundo período legislativo empezó el 16 de marzo. La adaptación a los entornos digitales fue más difícil de lo pensando y solo fue hasta mayo que ambas corporaciones procedieron a votar los proyectos pendientes. Es decir, perdieron el tiempo discutiendo si podían o no tener sesiones virtuales y luego cómo hacerlas, mientras que el país estaba entrando en cuarentena y la Rama Ejecutiva decretaba la emergencia social y económica.

Más allá de lo colorido de que un Congreso sea incapaz de tomar decisiones rápidas sobre cómo sesionar durante una emergencia, el problema fue que, en la práctica, una rama entera del poder público dejó de hacer presencia. En tiempos extraordinarios es cuando más ojos se necesitan: los poderes del presidente tienen que ser vigilados y acompañados por los congresistas. Pero no hicieron eso. Y, una vez empezaron a funcionar como debían, se desgastaron aprobando proyectos como la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños y niñas, saliéndose por la tangente ante las preguntas que la ciudadanía tenía sobre cómo iban a enfrentar el coronavirus.

En síntesis, tanto en su rol de control político como en el de aprobación de reformas normativas útiles, el Congreso ha sido irrelevante.

Ahora, la Sala Plena de la Corte Constitucional tumbó el artículo 12 del Decreto 491 de 2020, que permitía las sesiones virtuales. Esto aplica para el Congreso, para concejos y para asambleas. El alto tribunal explicó que lo aprobado por el Congreso mientras este artículo estuvo vigente no se afecta, porque se supone legal su actuación, pues “se presume la regularidad de las decisiones del Congreso exclusivamente desde el aspecto de la virtualidad de las deliberaciones y sesiones de la corporación”.

Nos parece una decisión razonable. No deberían invalidarse las actuaciones del Congreso y, con la Ley 5, el Parlamento podría tomar decisiones si desea seguir teniendo sesiones virtuales. Además, pueden tomarse los procedimientos de bioseguridad necesarios para garantizar el bienestar de quienes tengan que ir al Capitolio. En cualquier caso, lo más importante es que, a partir del 20 de julio cuando arranque la próxima legislatura, no se pierda el tiempo en este tipo de peleas. Colombia necesita un Congreso que lidere.

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