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27 Nov 2022 - 5:00 a. m.

El rol de las primeras damas, una discusión aplazada

Cabe la pregunta: ¿se están utilizando recursos del Estado y su propia burocracia para crecer el poder político de Verónica Alcocer?
Cabe la pregunta: ¿se están utilizando recursos del Estado y su propia burocracia para crecer el poder político de Verónica Alcocer?
Óscar Pérez
Cabe la pregunta: ¿se están utilizando recursos del Estado y su propia burocracia para crecer el poder político de Verónica Alcocer?
Cabe la pregunta: ¿se están utilizando recursos del Estado y su propia burocracia para crecer el poder político de Verónica Alcocer?
Foto: Óscar Pérez

Que Colombia tenga una discusión pendiente sobre el rol de las primeras damas no es justificación para que una persona que no fue elegida popularmente asuma roles de Estado, nombre a personas cercanas en altos cargos de poder y utilice los recursos de los colombianos para posicionarse políticamente. Eso es, al parecer, lo que viene ocurriendo con la actual primera dama, Verónica Alcocer, quien ha fungido como embajadora de misión especial, ha impulsado la contratación de personas no idóneas en sus cargos, ha recorrido el país sin perder oportunidad de figurar como actriz política y ahora hasta tiene un capítulo entero en el documental con el que el Gobierno de Gustavo Petro celebra con vanidad sus primeros 100 días en el cargo.

En el capítulo del documental realizado por la Presidencia y dedicado a seguir posicionando la imagen de la primera dama, hay una frase que denota la actitud del Gobierno frente a las críticas que ha recibido. Sobre su viaje como embajadora en misión especial, que les costó a los colombianos $63′748.000, a pesar de no tener ninguna experiencia diplomática ni consular, el canciller Álvaro Leyva la defiende así: “Pagar un pasaje vale, naturalmente, y una dormida, ¿o qué es lo que quieren, que la primera dama se quede en un parque? No, aquí lo que hay que hacer es poner a funcionar a esa primera dama, que llama la atención a donde ella llega”. ¿Por qué, no sobra insistir, una persona que no fue elegida popularmente tiene que recibir ese tipo de visibilidad?

Además, como se ha visto, la influencia de Alcocer no es meramente simbólica. Sus viajes a varias regiones del país han sido vistos por críticos dentro de su propio partido como oportunidades para potenciar a políticos cercanos a ella en plena época de elecciones regionales. Es lo que ocurrió con las fotografías que se tomó en Sucre con su primo y exsenador Mario Fernández, como denuncia La Silla Vacía.

En altos cargos del Estado también se ven sus intereses. Refiriéndose a Eva Ferrer, consejera presidencial para la Niñez y Adolescencia, la representante a la Cámara Jennifer Pedraza fue incisiva: “Esta persona no tiene experiencia en esta área. Es amiga personal de la primera dama y fue jefa de marketing de la campaña presidencial de Petro. Esto no fue lo que prometieron, que nombrarían a sus amigos en cargos importantes para el país”. A esta crítica se puede unir el nombramiento de la directora del Instituto de Bienestar Familiar, Concepción Baracaldo, sin experiencia alguna en esos asuntos.

Cabe la pregunta: ¿se están utilizando recursos del Estado y su propia burocracia para crecer el poder político de la primera dama? Recordamos la justa indignación que despertó que María Juliana Ruiz, exprimera dama, intentara financiar con recursos públicos un libro sobre su labor y la de otras primeras damas. Todo lo cual nos devuelve al principio: en Colombia seguimos sin saber qué hacer con un rol como el de la primera dama.

En Chile, por ejemplo, Irina Karamanos, primera dama, lideró una modificación institucional que básicamente dejó ese puesto sin funciones y después anunció su renuncia al cargo. “Este proceso no modifica que yo sea pareja y compañera del presidente y, además, militante de un proyecto”, dijo. “Voy a seguir apoyando al presidente y a mi proyecto político de aquí en adelante desde otros lugares, no desde el espacio institucional de gobierno”. Quizás allí haya pistas de cómo evitar dilemas sobre recursos estatales invertidos en personas no elegidas popularmente.

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