El sistema de salud, más allá de unos decretos

El propio presidente Uribe explicó en el consejo comunitario realizado el sábado pasado en Cúcuta que de esta manera el país avanzaría en la resolución de  “los nuevos retos financieros de la salud”. Un sector que efectivamente está en problemas y precisa atención inmediata: lo puso de presente la Corte Constitucional, lo viven los pacientes, lo mencionan los médicos, lo sufren los hospitales y mantiene en afugias económicas a las EPS.

El Gobierno llega con esta emergencia a ratificar algo que ya todos sabíamos. Lo que no está tan claro es si basta con soluciones rápidas y coyunturales. Y si para éstas se justifica entrar en un estado de excepción en el que el Gobierno suplanta al Congreso y entra a emitir decretos con fuerza de ley que no formarán parte de una solución integral a los problemas que aquejan al sector. Eso sin contar con la posibilidad de que la Corte no avale la declaratoria del estado de emergencia. Como se recordará, la Corte tumbó los decretos expedidos al amparo de la conmoción interior decretada el año pasado para enfrentar el paro judicial. Algo parecido podría ocurrir en esta ocasión.

Las razones del momento que explican la  declaratoria de la emergencia social ya han sido lo suficientemente discutidas. A las Entidades Prestadoras de Salud (EPS) el Estado les adeuda cerca de $500 mil millones, sin los cuales la continuidad del servicio corre un serio riesgo. Además, después de que el Ministerio de la Protección Social les transfiriera a los departamentos la carga económica de asumir los costos de los servicios no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud (POS), los entes territoriales tienen una deuda de $500 mil millones —y hay quienes calculan que ésta puede alcanzar los $6 billones en 2011—.

Razones hay, entonces, de peso y que justifican la preocupación gubernamental. Pero para llegar a este punto de quiebre, el Gobierno ha contado con más de una alerta y desde hace largo tiempo. En una sentencia de la Corte Constitucional se le indicó que debía regular el tema de los medicamentos que no entran al Plan Obligatorio de Salud para ponerles orden a las tutelas y a las actividades de muchos jueces que han sacado provecho del vacío jurídico.

También se le sugirió al Gobierno que revisara la manera como se financia el sistema de salud desde que fue proferida la Ley 100 de 1993: el modelo que pretendía llegar a la cobertura universal con dos terceras partes de la población afiliadas al régimen contributivo y una tercera parte en el régimen subsidiado, en realidad se invirtió. Nadie esperaba que el régimen subsidiado creciera exponencialmente y sin conservar una relación económicamente sostenible con el régimen contributivo.

Una mirada de fondo y menos espontánea permitiría recalcar que el origen del problema está en el crecimiento del empleo formal. Se hicieron proyecciones sobre la base de que el empleo formal aguantaría el peso de los trabajadores informales a un ritmo de crecimiento que en realidad nunca se consiguió.

Así pues, la emergencia social ante la crisis del sector de la salud no se saldará con unos cuantos impuestos de más, decididos de manera apresurada y en el encierro de unas oficinas de gobierno. Un cambio integral en la estructura financiera del sistema es requerido. Colombia es paradójicamente uno de los países de América Latina que comparativamente mayor proporción del PIB dedica a la salud. Y aunque ha habido avances innegables, el sistema es obsoleto y puede colapsar. El debate profundo al sistema de salud que demandábamos también en aquel pasado editorial requiere un espacio amplio, de cara al país y en el que participen muchas voces interesadas y expertas.