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Si la Corte Constitucional decide no hacer nada sobre el delito de aborto en Colombia, estará permitiendo que unas 70 mujeres cada año mueran por culpa de procedimientos clandestinos de interrupción de embarazos. Si la Corte decide avanzar sobre los derechos de las mujeres, pero le envía la carga regulatoria a un Congreso que históricamente se ha mostrado incapaz de legislar sobre el tema, estará incurriendo en el mismo error de otros países, con un efecto claro: empeorará la crisis de salud pública. El alto tribunal debería aprovechar las dos ponencias positivas que tendrá sobre la mesa no solo para eliminar el delito del aborto, sino para llenar un vacío que está cobrando la vida de mujeres, aterrorizando a incontables otras y haciendo que se les vulneren sus derechos fundamentales.
La Corte está estudiando dos demandas de inconstitucionalidad contra el delito del aborto. La primera ponencia, que dio a conocer El Espectador, dada por el magistrado Alberto Rojas Ríos, responde a una acción presentada por Andrés Mateo Sánchez Molina. La segunda ponencia, que vendrá del presidente del alto tribunal, Antonio José Lizarazo, responde a la demanda presentada por el movimiento Causa Justa, más de 40 organizaciones de mujeres y de derechos humanos. Ambas demandas apuntan a lo mismo: es necesario eliminar el delito del aborto.
Abortar en Colombia, pese a ser reconocido en tres causales como un derecho por la jurisprudencia constitucional, es tortuoso. La existencia del delito de aborto estigmatiza a las mujeres y les da pie a los prestadores de servicios de salud para inventarse cuanto obstáculo se les ocurra para sabotear los procesos legales de interrupción de los embarazos. En la práctica, según datos de la Fiscalía, se ha condenado a 236 mujeres por el delito de aborto y se han aplicado sanciones a 198 niñas y adolescentes. ¿Para qué la tortura a niñas, adolescentes y mujeres que, por infinidad de razones, no deseaban ser madres?
Esto está mediado, también, por un argumento de desigualdad: mientras que las mujeres con más recursos pueden pagar por acceder a abortos seguros, las más vulnerables tienen que recurrir a métodos clandestinos. Insistimos: ¿por qué condenarlas a un proceso tortuoso simplemente por desear ejercer autonomía sobre sus cuerpos?
Las ponencias en la Corte Constitucional proponen eliminar el delito del aborto, lo cual es un paso necesario. Pero no debería quedarse ahí el alto tribunal. Está la tentación de tomar esa decisión y pedirle al Congreso que regule los detalles, pero, similar a como ocurrió con el matrimonio de parejas del mismo sexo, hay pocos indicios de que la Rama Legislativa esté a la altura del debate. Sobre aborto, en las últimas tres décadas, se han presentado varios proyectos de ley que buscan regularlo, y la respuesta ha sido la misma: estancamiento en los legisladores y desprotección de las mujeres. Mientras eso ocurre, debido al vacío legal, las mujeres seguirían siendo perseguidas y expuestas innecesariamente a riesgos en su salud.
El alto tribunal tiene la oportunidad de tomar una decisión valiente que cumpla las promesas de la Constitución. Eliminar el delito de aborto y dejar clara la regulación del ejercicio del derecho de las mujeres a este va a salvar vidas. Es momento de dar el paso.
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