Emergencia social y responsabilidad individual

El primer decreto define las reglas de intervención de las captadoras ilegales y establece los criterios para la devolución del dinero, el segundo faculta a las autoridades locales para la intervención cautelar de los establecimientos que captan ilegalmente los dineros del público, y el tercero endurece las penas para la captación y el recaudo ilegal. Con base en estas medidas, el Gobierno intervino la polémica sociedad DMG y nombró un interventor para coordinar la devolución de los dineros.

Como se venía reclamado por parte de muchos estamentos sociales y políticos, el Gobierno actuó de manera decidida. Los decretos expedidos en desarrollo de la emergencia social buscan enviar un mensaje claro. El Estado está diciendo que tolerancia e indiferencia con la captación ilegal de dinero son asuntos del pasado. La determinación estatal llegó un poco tarde, cuando los damnificados se cuentan en los cientos de miles, pero, en este caso, como en muchos otros, más vale tarde que nunca.

Sin embargo, persisten algunas dudas sobre las medidas tomadas, tanto de forma como de fondo. En primer lugar, cabe preguntar sobre la necesidad de la Emergencia Social. Muchas de las medidas tomadas no requieren modificaciones legales; otras no son necesarias en la coyuntura. El aumento de las penas, por ejemplo, parece más una medida publicitaria que un intento razonado por superar una coyuntura compleja. El abuso de los estados de excepción es perjudicial. Crea incertidumbre e inseguridad jurídica. El problema sin duda es grave. Pero no es excepcional, al menos desde un punto de vista social. Los desempleados (o los desplazados) superan con creces a los afectados por la captura ilegal de dinero.

De manera más general, el Gobierno debe evitar caer en la retórica de la acción. O peor, en el populismo económico. A comienzos de la semana anterior, el presidente Uribe sugirió que el Gobierno estaba considerando la compensación parcial de algunos de los ahorradores estafados. El Estado no puede ser una compañía de seguros de última instancia que cubra las pérdidas resultantes de apuestas temerarias o de la participación voluntaria en esquemas dudosos e ilegales. Los contribuyentes no tenemos por qué pagar por la irresponsabilidad o el exceso de codicia. Si el problema es la pobreza, existen otros medios más eficaces para combatirla. Muchos colombianos pobres, agobiados por las dificultades, decidieron no arriesgar su dinero. Si se compensa a quienes así lo hicieron, se estaría discriminando de manera injusta a quienes actuaron responsablemente. La emergencia social no debe, en este caso, anular la responsabilidad individual.

Los decretos del Gobierno no resuelven el problema de fondo. Por lo menos no atacan algunas de sus causas primigenias. La confluencia de la economía informal y los dineros ilegales del narcotráfico, presente con mayor fuerza en el suroccidente colombiano, no ha desaparecido. La cultura del dinero fácil, la creencia extendida de que la prosperidad se consigue de un día para otro, como por arte de magia, tampoco será erradicada por los decretos de emergencia. Las pirámides son un problema serio. Pero también son un síntoma de males mayores. Este incidente debería servir para suscitar una discusión, un debate serio sobre el futuro de un país en el cual cientos de miles de personas decidieron ir detrás de un espejismo ilegal, de la ilusión imposible de la riqueza inmediata.