El Gobierno de Gustavo Petro no puede saltarse las instituciones, y eso fue precisamente lo que hizo al demorarse en separar al canciller Álvaro Leyva de su cargo y autorizar que siguiera firmando decretos a pesar de que había una sanción de la Procuraduría en su contra. Más allá de que son entendibles las dudas que despierta la decisión del Ministerio Público y el rol de la procuradora general de la nación, Margarita Cabello, las normas colombianas se tienen que respetar. No hay excusa válida para que, en una crisis que ocasionó la misma Casa de Nariño, el resultado sea burlar el orden democrático.
A pesar de estar suspendido, el canciller Leyva firmó por lo menos 12 decretos y siguió participando en funciones propias de su cargo. La decisión se tomó el pasado 24 de enero, y hasta el viernes, apoyado por el presidente Petro, el canciller seguía ejerciendo sus funciones. De hecho, en su cuenta de X, el viernes pasado el mandatario de los colombianos seguía dándole vueltas al asunto. “Tratar de mantener la licitación de pasaportes no es más que proteger una intención corrupta (...) Amañar pliegos de las licitaciones para que se predetermine al ganador es corrupción”, escribió. Ese, sin embargo, no es el punto.
Lo clave es esto: la Procuraduría, entidad constitucional, tiene la potestad de sancionar y separar de su cargo al canciller si considera que hay fallas disciplinarias en su actuar. La Corte Constitucional, en repetidas ocasiones, ha reiterado que la estructura del Estado es clara y que el Ministerio Público tiene esa función. El propio gobierno Petro ha reconocido esa competencia, pues a finales del año pasado el ministro de Justicia, Néstor Osuna, habló de la importancia de llevar a cabo una reforma a la estructura de la Procuraduría para que Colombia cumpla con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si es clara la separación de poderes, ¿por qué el Gobierno Nacional no respetó de inmediato la decisión que tomó la Procuraduría?
El viceprocurador general, Silvano Gómez Strauch, dijo que el incumplimiento por parte de la Casa de Nariño “atenta contra el Estado de derecho, la Constitución y la ley, además de sentar un nefasto precedente que pone en riesgo la estabilidad institucional”. Estamos de acuerdo. Ningún funcionario está por encima de la ley, ninguna razón justifica que un gobierno desacate la decisión de un ente de control.
En una carta enviada a la Procuraduría, el canciller Leyva dice que le violaron el debido proceso, que la procuradora Cabello ha mostrado un sesgo en contra de la administración Petro y que desea tener garantías. Por supuesto que está en su derecho de defenderse y de que la institucionalidad le otorgue espacios de controversia de las decisiones tomadas. Eso, sin embargo, no justifica que haya seguido en su cargo de manera hostil en contra de las reglas del juego.
No sobra recordar que este choque de trenes surge por una licitación que se abrió mientras Leyva era canciller, se adelantó procesalmente bajo su supervisión y luego se suspendió de manera intempestiva cuando estaba a punto de ser adjudicada. Las normas contractuales existen para evitar abusos del Estado y sus funcionarios, eso es lo que no se incluye en el relato de lucha anticorrupción que propone el canciller.
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