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El Consejo de Estado se apresta a tomar una decisión muy importante para el país y sus magistrados deben tener en cuenta el momento histórico en el que nos encontramos. Su nominado a la Procuraduría General de la Nación, que tiene muchas posibilidades de ser el elegido final, debe ser una persona íntegra y que no caiga en las trampas que algunos procuradores han utilizado para sembrar caos y discordia en el país.
Estamos en un momento de tensión institucional. Por todas partes abundan los discursos que pretenden deslegitimar al Estado, sembrar dudas sobre las razones de su actuar e incluso promover la idea de que es necesario hacer borrón y cuenta nueva a nuestro andamiaje de justicia. Los entes de control no han estado ajenos a esos escándalos. Aliados y presentados como el bloque anticorrupción, la Fiscalía y la Contraloría se han diluido en debates personales, como el infame viaje de sus titulares y familiares a San Andrés en medio de la cuarentena. La Procuraduría de Fernando Carrillo ha servido como una importante voz de disenso y contrapeso ante los abusos del poder, aunque en ocasiones cayó en el abuso de los micrófonos de la prensa. Todo eso suma para la desconfianza que los colombianos tienen hacia las instituciones.
Por fortuna, no obstante, esta Procuraduría que cierra su ciclo estuvo lejos de escándalos mayores. El Ministerio Público, durante el período de Alejandro Ordóñez, fue sinónimo de persecución, oscurantismo e instrumentalización de la entidad para catapultar la carrera política del ahora embajador ante la Organización de Estados Americanos. El daño que le hizo a la reputación del ente de control ha causado repercusiones que todavía se sienten. No se puede cometer un error de ese calibre de nuevo y la responsabilidad recae tanto sobre los que lo nominaron como sobre quienes lo eligieron con sus votos y acuerdos burocráticos.
En medio de la pandemia y el poder creciente de los líderes políticos, especialmente aquellos que ostentan cargos en la Rama Ejecutiva, la Procuraduría es la llamada a garantizar el ejercicio transparente y adecuado del poder político. Hoy más que nunca su rol es esencial para el país, la salud de nuestra democracia y la construcción de un futuro con solidez institucional y honestidad a toda prueba.
¿Quién, dentro de las opciones que tiene el Consejo de Estado, es capaz de cumplir con esos objetivos? Esa es la pregunta que deben resolver los magistrados de manera idónea. Nominar a un candidato que tenga dudas sobre su nombre, que tenga deudas políticas, que no pueda garantizar su independencia, que llegue al cargo sediento de inmerecido protagonismo, es no aprender de las lecciones del pasado. Entre los aspirantes hay nombres sin tacha, pero también otros que generan desconfianza. Insistimos: por favor, no cometan un error del que luego nos estemos arrepintiendo.
El período de Carrillo dio muchos pasos en la dirección correcta. Por eso mismo es necesario que quien lo reemplace no sienta la necesidad de borrar los avances y hacerse un nombre propio. También, que no cometa los tropiezos que han tenido sus pares en la Fiscalía y la Contraloría. El Consejo de Estado debe mostrarle a Colombia que las instituciones construyen fortaleza desde el nombramiento de sus representantes.
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