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El terror opera mediante ecos. Su propósito es que con un solo acto se despierten todos los fantasmas del pasado, se genere incertidumbre y las personas se sientan inseguras. Así ha funcionado en Colombia durante décadas. Los carros bomba, como el que vimos en la Brigada 30 del Ejército Nacional en Cúcuta, tienen un objetivo físico, que son los 36 soldados heridos, y uno psicológico: sembrar el caos entre los colombianos, convencerlos de que no hemos superado la herencia de violencia, crear la sensación de que los grupos armados al margen de la ley tienen más poder que el que en verdad tienen. La sociedad no puede controlar el mensaje, pero sí decidir qué hacer con él. Como tantas veces en el pasado, el país debe contestar con resiliencia, repudio y claridad de que apostarle a la paz es la única opción viable para construir la Colombia soñada.
Las imágenes son tremendas. Se ve una Toyota Fortuner Blanca, modelo 2017, estallar dentro de la brigada. Al cierre de esta edición contamos 36 soldados heridos. Ningún grupo al margen de la ley se ha atribuido la responsabilidad, pero la Fiscalía y el Ministerio de Defensa han mencionado indicios que enlazan el atentado con el Eln o la Segunda Marquetalia, creada por disidentes de las Farc. Tendría sentido, dado que esta es zona de influencia de ambos grupos, pero las lecciones del pasado llaman a la cautela: es necesario que las autoridades investiguen y le cuenten a Colombia, con pruebas en mano, quién está buscando sembrar la desestabilización.
Una forma de reaccionar es posar, de nuevo, la mirada sobre esta zona fronteriza. Cúcuta es la segunda ciudad con más desempleo del país, solo después de Riohacha. Según datos recientes del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), más de la mitad de la población (53,5 %) vive en pobreza monetaria. La tasa de informalidad está por encima del 70 %. Esto en una ciudad que fue gobernada durante muchos años por un alcalde que sería condenado por asesinato y con fuertes sospechas de cercanía al paramilitarismo. La capital de Norte de Santander es un territorio caliente que mezcla narcotraficantes, contrabandistas, el Eln, la Segunda Marquetalia, el Epl y varias bandas criminales. Si expandimos la mirada a todo el departamento, nos encontramos con muchas zonas rojas donde la violencia hace pareja con la pobreza para crear una terrible situación social. Además, el territorio es uno de los principales receptores de migrantes venezolanos.
Varios gobiernos han prometido solucionar el atraso histórico de Cúcuta y de Norte de Santander. El gobierno de Juan Manuel Santos lo intentó, incluso con una declaratoria de emergencia económica y social en la frontera. El presidente Iván Duque ha hecho varias declaraciones sobre la importancia de ayudar a recuperar la zona, pero los resultados saltan a la vista. Estamos lejos de una solución.
Es en ese contexto que ocurre el carro bomba. La respuesta institucional tiene que ser dar con los responsables y explicar qué pasó, pero también reforzar el compromiso con Cúcuta y Norte de Santander. En el avance de Colombia, se trata de un territorio que se ha quedado atrás. Eso permite que los grupos armados sigan andando en la impunidad, reclutando personas y sembrando terror. Ante eso, la clave es seguir invirtiendo en la construcción de Estado y legalidad. Eso ayudará a reducir los ecos del pasado que revivieron con el atentado.
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