Filtraciones y seguridad nacional

Este portal se ha especializado en filtrar en la red información secreta que distintas fuentes le suministran y su equipo, posteriormente, verifica. El tema, que podría verse como una consecuencia más de la globalización tecnológica, ha dado mucho de qué hablar tras la publicación de más de 90 mil documentos clasificados del gobierno de Estados Unidos referentes a sus actuaciones en Afganistán. Con ello, se ha vuelto a poner sobre la mesa el viejo debate de la seguridad nacional, la libertad de expresión, la información de la opinión pública, así como la responsabilidad de quienes divulgan la información, en el entendido de que pueden poner en peligro vidas humanas y comprometer seriamente esfuerzos militares.

En 1972 tuvo lugar un hecho considerado como un hito para la prensa libre e independiente: el New York Times publicó los llamados “Papeles del Pentágono”, miles de documentos secretos que fueron filtrados por Daniel Ellsberg, un experto que participó en su elaboración y que consideró su deber como ciudadano el destapar ante la opinión pública los muchos errores, incongruencias y el destino fallido de la guerra de Vietnam. La administración Nixon interpuso una demanda que llegó ante la Corte Suprema, la cual autorizó finalmente su publicación. Este espaldarazo ayudó para que poco tiempo después los periodistas Bob Woodward y Carl Bernstein, del Washington Post, dieran a conocer el escándalo Watergate, que llevó a la caída de Richard Nixon. En la década siguiente, en Colombia, el periodista Alberto Donadio logró que, mediante un derecho de petición, los particulares tuvieran acceso a varios documentos oficiales.

Normalmente sucede que una persona hace llegar a un medio de comunicación cierta información que luego de ser evaluada, corroborada y confrontada, se publica. En Colombia hay hechos recientes que se han podido conocer gracias a este tipo de filtraciones, que pueden provenir de funcionarios que anónimamente quieren denunciar irregularidades, o, como se desprende de lo dicho por algunos de los involucrados con los escándalos en el DAS, son realizadas por ciertos empleados públicos con el perverso objetivo de desacreditar a magistrados, líderes políticos opositores o a periodistas. En este último caso obedeciendo a órdenes superiores que la justicia deberá aclarar con exactitud.

Las respuestas gubernamentales ante dichas filtraciones han sido variadas. Nixon mantuvo la guerra dos años más. Obama les restó importancia y mantiene su estrategia para Afganistán. En la mayoría de los casos se niegan los hechos, hasta que aflora la verdad. En otros, los gobiernos prefieren expedir leyes que sancionan a quienes las publican, llegando incluso a la exigencia judicial para que los medios den a conocer la fuente responsable de la información. La Italia de Berlusconi, o la Venezuela de Hugo Chávez, son ejemplos recientes de la ausencia de solución del problema de fondo y del tradicional castigo al mensajero.

En el mencionado caso de Wikileaks, en internet, la situación es más compleja. No existe todavía una regulación específica al respecto y la decisión obedece más a la discrecionalidad de quien lo publica, normalmente desde países donde no existe prohibición de dar a conocer este tipo de documentos confidenciales, lo que los protege de mayores consecuencias. Julián Assage, creador del cuestionado sitio, no ha corrido la misma suerte. Aunque vive entre Suecia e Islandia, donde una nueva ley hace inmune a los periodistas, varias autoridades, incluidas la CIA y el Reino Unido, quieren detenerlo para que al menos revele el nombre de sus fuentes. El australiano, sin embargo, se niega y desde su persecución nunca duerme más de dos veces en la misma casa. Si bien el asunto es delicado y merece discusión, mientras se regula sobre la responsabilidad en esta materia habría que aplicar el sabio proverbio: ni tanto que queme al santo, ni tan poco que no lo alumbre.