La frustrante lucha por las tierras

Replantear por completo la ley en la práctica significa sepultar el esfuerzo estatal de restitución y condenarlo al limbo de las consideraciones políticas.

La estigmatización a las víctimas del conflicto armado está generando obstáculos perversos en los procesos de restitución de tierras. / Óscar Pérez - El Espectador

El enredado proceso de restitución de tierras a las víctimas que fueron despojadas por el conflicto armado tiene dos tipos de críticas: aquellas que lamentan su falta de resultados por los complicados obstáculos institucionales y fácticos que enfrenta, y aquellas que quieren, escudadas en reclamaciones de unos pocos, hacer borrón y cuenta nueva, desconociendo el sinuoso trecho que ha tenido que recorrer esta iniciativa histórica.

El vocero de esta última forma de entender la situación es José Félix Lafaurie, presidente ejecutivo de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), quien viene utilizando un lenguaje agresivo que equipara la Ley de Restitución de Tierras con un “despojo estatal” que ha permitido que “falsas víctimas” perjudiquen a “propietarios legítimos” que compraron predios en lugares de dominio paramilitar, supuestamente sin siquiera tener pistas de que las propiedades que adquirían estaban en venta precisamente por efecto de acciones ilegales.

Esta posición, que ha sido también adoptada con vehemencia por el procurador Alejandro Ordóñez, tiene el objetivo de replantear por completo la ley, que en la práctica significa sepultar el esfuerzo estatal de restitución y condenarlo al limbo de las consideraciones políticas plagadas de intereses individuales.

Lo más frustrante, como lo hemos dicho en este espacio en el pasado, es que esa crítica utiliza una situación cierta que no puede ignorarse (la existencia de “ocupantes de buena fe” en territorios que fueron objeto de despojo), pero bañada en un barniz retórico que parece olvidar que la estigmatización de los desplazados es revictimizarlos, además de ponerles encima un objetivo militar para quienes no tienen el menor interés de permitir su regreso a las regiones donde los paramilitares ejercían su dominio.

Por eso, Todd Howland, el representante en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, tuvo la necesidad de advertir que “en la región del Caribe, sectores políticos y económicos poderosos han difundido mensajes en eventos públicos señalando que los procesos de restitución beneficiaron a grupos guerrilleros para que recuperaran el control estratégico de algunas zonas. (...) Estos son víctimas del conflicto, no son guerrilleros. En este país tildar a alguien de guerrillero implica que puede ser amenazado o asesinado”. Tiene toda la razón.

La semana pasada se supo que, por iniciativa de Howland, Lafaurie y él recorrerán las zonas de influencia de los procesos de restitución. Pero por la tónica del presidente de Fedegán, son pocas las esperanzas de que haya un cambio de enfoque a las críticas que pretenden desestabilizar toda la ley.

La negociación entre Gobierno y Farc no puede ser excusa para olvidar que todos los procesos de desplazamiento han contado con la ayuda consciente de miembros de la sociedad civil, políticos y empresarios, que han pasado de agache y que ahora utilizan reclamaciones legítimas para seguir torpedeando las iniciativas de reparación. El discurso de Lafaurie no puede ignorar esa realidad, y qué bien le haría al país si modera un poco sus palabras. La paz sigue lejos si las víctimas siguen siendo amenazadas, y si, en vez de construir, la única opción es echar todo para atrás, como si antes estuviésemos en una situación mejor.

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