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La decisión del Tribunal Superior de Bogotá sobre la consulta presidencial del Pacto Histórico no es un acto de una dictadura, ni un golpe blando o judicial contra el Estado, ni siquiera se trata de una decisión que vaya a obstaculizar la presentación de los candidatos del oficialismo en las próximas elecciones. Si se lee sin desapasionamiento la argumentación de los magistrados, se denota el cumplimiento de las normativas electorales y un espaldarazo al Consejo Nacional Electoral (CNE), que, más allá de escándalos, aplicó lo que dice la ley. El Pacto Histórico no será el primero ni el último movimiento político que se queje por la aplicación de las normas electorales, pero esa discusión debe darse a través de reformas en el Congreso, no intoxicando el debate público.
El presidente de la República, Gustavo Petro, salió a rechazar la decisión. “Estamos ante un intento de la derecha de impedir que el Pacto Histórico actúe en la vida política legal de Colombia”, dijo. “Esto es un sabotaje a la democracia. Son dictadores los que impiden que la Constitución se aplique”, concluyó. Son acusaciones muy graves. Como periódico que ha defendido la democracia y la institucionalidad, El Espectador acompañaría al mandatario en sus protestas si en efecto tuviera razón en lo que argumenta. Sin embargo, no la tiene.
Para empezar, están fallando los jueces naturales. Ya sabemos que la Casa de Nariño ve lawfare en cualquier decisión judicial que no le compre sus argumentos, pero desde afuera lo único que se observa es la institucionalidad funcionando. Es el CNE el competente para evaluar si permite la fusión de partidos y movimientos; es el Tribunal Superior de Bogotá el que, por reparto, tuvo que fallar la tutela en contra de la decisión del Consejo. Además, ambos lo hicieron invocando normas de la República creadas con anterioridad. El Tribunal dijo que el CNE cumplió adecuadamente sus deberes al verificar que el Pacto Histórico no podía crearse (aún) dado que hay un proceso sancionatorio pendiente y a que la Colombia Humana no cumplió el quórum decisorio. Sin embargo, los magistrados del Tribunal resaltan que el CNE lanzó dos salvavidas al proyecto oficialista: por un lado, no castigar a los partidos que querían unirse sin estar con procesos pendientes; por otro, pedir que se termine la investigación antes del 8 de noviembre de este año, cuando se vence el plazo de inscripción de candidatos al Congreso. Si esto se trata de un plan conspiranoico de la derecha para borrar políticamente a la izquierda, se les va a quedar muy corto. Nos parece evidente que no lo es.
No somos ingenuos. Hace tiempo venimos discutiendo en este espacio que el CNE es un órgano politizado desde su naturaleza y que las normas electorales necesitan reformarse. Sin embargo, al Congreso y al presidente de turno sólo les da por prestarle atención a esa legislación en vísperas de una nueva campaña electoral, cuando tienen más interés en permitir el transfuguismo que en entablar un sistema coherente, eficiente y autónomo a la influencia de los partidos políticos. Mientras eso no ocurra, las normas que existen son las que se aplican, como está teniendo que padecer en este momento el Pacto Histórico. Queremos más democracia, pero eso pasa por respetar que la ley es la ley, incomódele a quien le incomode.
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