29 Jul 2018 - 4:00 a. m.

Hay que separar la política de la justicia, sin ignorarla

Decíamos el jueves último que el llamado a indagatoria que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) le hizo al expresidente Álvaro Uribe, con la tormenta política que ha desatado, era una prueba de fuego para la madurez de las instituciones nacionales. Queremos agregar que, además, se trata de un momento clave en el que no se puede ignorar la frágil, pero inescindible, relación entre justicia y política, con todas las consecuencias que eso puede tener para el país.

El Espectador

La justicia, por supuesto, debe ser lo más apolítica posible. Sobre eso se construyen nuestro Estado social de derecho y todas las garantías que la Constitución ofrece en lo concerniente a la intervención de nuestro aparato judicial. En ese sentido, los jueces deben fallar en derecho, evaluando minuciosamente las pruebas y sin dejar que las previsibles consecuencias políticas de sus fallos los afecten. Para definir —en el caso que nos atañe— si el expresidente Uribe estuvo involucrado o no en una presunta manipulación de testigos, la ideología que éste representa es, o debe ser, una consideración absolutamente irrelevante para el juez.

Lo anterior, no obstante, no significa que los jueces deban alejar la mirada de la realidad nacional en cada paso del proceso. Ignorar que el país entero está examinando con lupa cada uno de los actos de la Corte sería un craso error. Independientemente de cuál sea la decisión al final (y no sobra volver a recordar que todavía estamos apenas en una etapa preliminar de la investigación), los colombianos deben sentir en todo momento que el proceso es transparente, lleno de garantías, y que no responde a los intereses políticos, que son evidentes. Esa es la prueba de fuego de las instituciones.

Por eso mismo, no puede quedar ninguna avenida investigativa sin perseguir. Por lo que se ha conocido, hay cientos de horas de grabaciones dentro del proceso que comprometen a los llamados a indagatoria, y es natural que ese sea el foco central de la investigación ahora mismo. Pero están también las afirmaciones del representante a la Cámara Álvaro Hernán Prada y del abogado Jaime Lombana sobre cómo hubo intentos de ponerles una trampa para que se reunieran con los testigos y hacer parecer que estaban intentando manipular los testigos. Los jueces deben explicarle al país si eso en efecto ocurrió, o qué pruebas hay para desmentir su versión, que es igualmente preocupante.

Finalmente está la pregunta sobre quién va a ser el juez encargado de llevar a término la investigación. El propio expresidente ha manifestado que con su renuncia al Senado no pretende eludir la competencia de la CSJ. Es lo lógico. Si Uribe aceptó ser investigado preliminarmente por ella, debe mantenerse a su disposición hasta que la investigación —y un eventual juicio— terminen, pues los hechos objeto de indagación no han cambiado en esas dos fases procesales. Si existiera un “impedimento moral”, habría surgido desde el comienzo de la investigación, no ahora. En todo caso, el mensaje claro que debe recibir el país es que ningún colombiano, sin importar de quién se trate, debe poder elegir a voluntad quién prefiere que lo juzgue.

Es momento de que nuestras instituciones demuestren su solidez. Por eso reiteramos nuestro llamado a la calma y la prudencia. A no jugar con fuego permitiendo que los intereses políticos se cuelen en las decisiones, pero tampoco olvidando los efectos políticos potencialmente desestabilizadores que puede provocar cualquier movimiento en falso o apresurado. Dejemos que la justicia colombiana cumpla su propósito constitucional. Y confiemos, y vigilemos, en que lo haga con la altura y el profesionalismo que se requiere.

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