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Incluso cuando tiene la razón, el Gobierno no pierde oportunidad para convertir un debate público en un espacio para estigmatizar a quienes escoge como “enemigos”, de manera irresponsable. La suspensión provisional del decreto que transfiere los ahorros pensionales de varios colombianos, de los fondos privados al sistema público en Colpensiones, ha llevado a una serie de declaraciones peligrosas y a una pregunta que ronda en época electoral: ¿por qué el afán de la Casa de Nariño por contar con esos recursos si ya hay reglas claras para su transferencia entre los privados y el operador público? Entra a mediar el Consejo de Estado, que utiliza una medida cautelar también de forma preocupante.
Como lo explica el Consejo de Estado en su decisión, el gobierno Petro parece urgido de contar con los dineros de las pensiones de los colombianos. En palabras del alto tribunal, “el Decreto 415 de 2026 ordenó que las administradoras de fondos de pensiones trasladaran esos recursos de inmediato: el 50 % en un plazo máximo de 20 días y el otro 50 % en los 10 días siguientes”. Estamos hablando de COP 25 billones que pasarían de los privados al operador público. El argumento de la Casa de Nariño es que, ante la suspensión por la Corte Constitucional de su reforma pensional, las personas pueden trasladarse del régimen privado al público y, al hacerlo, sus recursos deben acompañarlos.
Sin embargo, las reglas existentes parecen ser precisas al decir que ese dinero se tiene que trasladar al momento en que las personas se pensionen, no antes. Hay tiempos y reglas definidos que todos conocen, incluso en el Gobierno. Al respecto, el Consejo de Estado explica que la Ley 2381 de 2024 deja claro “que el dinero ahorrado debía permanecer en los fondos privados hasta que la persona cumpliera los requisitos para pensionarse y consolidara su derecho a la pensión”. Entonces, de nuevo, ¿por qué el afán de mover esos dineros?
Si se escucha al Gobierno, estamos ante un robo masivo a los colombianos. Cuando el Consejo de Estado decretó medida cautelar contra el decreto, el ministro del Interior, Armando Benedetti, escribió: “Otra vez cuidando a los ricos para que los fondos privados mantengan sus inversiones, ¿o es que acaso esa plata no está? ¿Dónde está esa plata?”. Algo similar afirmó el presidente Gustavo Petro: “El Consejo de Estado está vetando el traslado de los ahorros que han pedido los ahorradores trabajadores. Les permite robar a los banqueros los ahorros de los trabajadores”. ¿Tienen pruebas en el alto Gobierno, acaso, de ese “robo”? ¿O se sienten cómodos estigmatizando a empresas privadas que llevan años administrando los ahorros de los colombianos? ¿Por qué la cizaña contra administradoras que, por cierto, seguirán operando bajo la reforma de este Gobierno? ¿Y por qué el ataque al Consejo de Estado, acusando a la alta corte de ser parte de una conspiración?
Si algo se le puede criticar al tribunal administrativo es que sigue aplicando una figura de medidas cautelares a decretos cuya legalidad se presume por ley. Esa conversación tiene que darse por fuera de los señalamientos irresponsables. Más allá de eso, la Casa de Nariño tiene en esencia razón: el ahorro de los colombianos debe estar en manos de la administradora de pensiones que ellos hayan elegido. Sin embargo, ya hay unas normas que definen cómo garantizar eso. Todo lo demás es impulsividad por parte de la Casa de Nariño, que está enardeciendo a los trabajadores en contra de un “enemigo” inexistente.
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