2 Nov 2022 - 5:00 a. m.

Justicia y amenazas en el caso de la Primera Línea

Resulta necesario diferenciar entre quienes marcharon pacíficamente y aquellos que aprovecharon el paro nacional para cometer delitos.
Resulta necesario diferenciar entre quienes marcharon pacíficamente y aquellos que aprovecharon el paro nacional para cometer delitos.
Foto: El Espectador - Mauricio Alvarado Lozada

Los juicios contra los miembros de la Primera Línea siguen creando una tensión institucional motivada por personas cercanas al Gobierno. Luego de haber discutido un plan de indulto y de otros discursos que han ido más allá, hasta llamarlos “perseguidos políticos”, varios miembros de la Primera Línea en Bogotá fueron condenados por torturar a una persona y por haber constituido un concierto para delinquir. El juez que emitió el sentido del fallo recibió amenazas, demostrando una vez más lo necesario que resulta diferenciar entre quienes marcharon pacíficamente y aquellos que aprovecharon el paro nacional para cometer delitos.

Sergio Pastor (alias 19), presunto articulador del grupo Resistencia Portal Américas; Marcela Ivonne Rodríguez Parra; Johan Steven Sainea Rubio y Fernando Urrea Martínez fueron condenados por tortura y concierto para delinquir. Según la Fiscalía, el 4 de junio de 2021 “participaron en la retención de un transeúnte y, con el supuesto de que pertenecía a la Policía Nacional, le robaron sus pertenencias, lo golpearon, lo hirieron con armas cortopunzantes, lo amarraron a un árbol, lo cubrieron con pintura y le rociaron gasolina, con la amenaza de prenderle fuego”. Las víctimas dieron sus testimonios. El juez, en un caso donde se garantizó el debido proceso, encontró probada la acusación. ¿Qué dicen quienes les han extendido carta blanca a todos los miembros de la Primera Línea que han sido capturados y procesados?

Para completar, al chat de WhatsApp grupal de la audiencia llegó un mensaje amenazador: “Juez, nos vemos en las calles, ya sea por la celebración de la victoria del pueblo en las salas judiciales o ya sea para organizar lo que sería la revolución más hijueputa a nivel nacional, por la libertad, la no presión; nos vemos en las calles contra usted”. Aunque velada, se trata de una intimidación contra un juez de la República y contra todo el aparato de justicia colombiano. ¿Es decir que, si no hay absoluciones, habrá violencia? Eso merece el rechazo de toda la ciudadanía.

Durante el paro nacional denunciamos cómo la policía hizo muchas capturas que terminaron en nada gracias a los jueces. Por eso mismo, es necesario defender la autonomía judicial y el trabajo de la Fiscalía. Si se cumplen todas las garantías procesales y los jueces determinan que hay suficientes evidencias sobre delitos, ¿por qué no llevarlos a condenas? También vendrán, sin duda, absoluciones. El punto esencial es que la institucionalidad está cumpliendo su labor y no debería tener que operar bajo presiones ni indirectas desde el partido de gobierno.

Cuando se haga el debido debate sobre la intención de crear un indulto para los procesados, el Gobierno debe tener cuidado con el lenguaje que utiliza para no fomentar la estigmatización de los operadores judiciales. En un país con tantas tensiones sociales, los discursos pueden promover y facilitar la violencia. Rechazamos de manera rotunda las amenazas contra el juez de la República y respaldamos a la Rama Judicial. Solo están cumpliendo con su deber.

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