La alcaldía de Medellín tiene razón sobre la vivienda turística

En Medellín se está dando un debate que debería ser de interés para todas las otras capitales de Colombia, en especial aquellas que tienen proyectado crecer en la atracción de turismo nacional y extranjero. La alcaldía, liderada por Federico Gutiérrez, propuso una modificación al Plan de Ordenamiento Territorial (POT) que, entre otras cosas, limitaría los lugares en donde pueden ubicarse las viviendas con destinación turística. La respuesta del “lobby” de la plataforma Airbnb ha sido la esperada: oponerse, hablar de que se están limitando los derechos individuales de los propietarios y buscar utilizar su poderío para aplastar la reforma. Eso no debe ocurrir. La alcaldía tiene razón en querer asegurarse de que las viviendas en Medellín sean, principalmente, para vivir.

Lo que el Concejo de la capital antioqueña debe recordar es que la alcaldía de Gutiérrez no llega a este debate por capricho. En todos los foros públicos con los habitantes de Medellín, el principal problema que les produce preocupación es el alto costo de los arriendos y el déficit de viviendas. También hay un creciente y preocupante rechazo a la gentrificación, así como a la avalancha de turistas extranjeros que lleva a desplazamientos. No son solo anecdóticas las historias de personas que no pudieron seguir pagando sus arriendos porque los propietarios querían explotarlas comercialmente. Hace menos de un mes, en un cabildo abierto al que asistieron unas 300 personas, uno de los líderes, citado por El Colombiano, lo puso en términos claros: “Los problemas de vivienda acá están desplazando a todo el mundo”. La pregunta sobre la mesa es, entonces, ¿para quién queremos que sean las viviendas de Medellín?

Nicolás Mesa, otro líder en el cabildo, dijo que “necesitamos políticas claras en materia de vivienda, ya que la administración ha estado callada en ese tema. No sabemos cómo se van a solucionar los problemas que tienen las familias en toda la ciudad”. La alcaldía respondió con su propuesta de modificación al POT. Luz Ángela González, directora de Planeación, explicó que lo que buscan con las viviendas turísticas “es localizarlas, teniendo en cuenta que la ciudad es receptora de población extranjera, pero buscamos proteger los barrios residenciales y a la propia ciudadanía”. El alcalde Gutiérrez fue más allá: “Regular no es prohibir. Yo defiendo la propiedad privada, la libertad de empresa y el turismo, pero toda actividad económica tiene reglas. Esto no es nuevo, lo que estamos haciendo es poner orden”. Tiene toda la razón.

Tenemos que ser claros: el problema del déficit de vivienda no se corrige exclusivamente con esa medida. Según Medellín Cómo Vamos, entre 2014 y 2026 el déficit habitacional se ha mantenido en un 16 %, mientras que la capital antioqueña aumentó casi en medio millón de personas su número de habitantes en 20 años. Adicionalmente, a pesar de que el POT del 2014 prometió 7 metros cuadrados de espacio público por habitante, hoy está en 4,95 metros cuadrados, cifra que sólo ha aumentado 0,7 metros cuadrados en la última década. Es evidente que la ciudad necesita dar con seriedad los debates sobre cómo garantizar vivienda para quienes la necesitan en un espacio que ya no tiene mucho por dónde crecer.

El punto, en todo caso, es que la autoridad civil debe poder regular la vivienda turística así como lo hace con los servicios hoteleros. Airbnb utiliza los mismos argumentos de Uber y similares al querer sabotear la normativa apelando a la libertad individual entre particulares. Pero una ciudad, por definición, es un proyecto común, lo que implica que los derechos de todos entran en conversación con el bienestar general. Regular no es prohibir y Medellín tiene derecho a decidir cómo quiere seguir creciendo.

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