La conexión mexicana

En el primer caso, la captura del confeso narcotraficante Édgar Valdés Villarreal —La Barbie— es un valioso trofeo para Felipe Calderón, un presidente ávido de resultados que presentar tras la racha de malas noticias que allí se viene produciendo. Precisamente, pocos días antes había trascendido el atroz asesinato de 72 personas, provenientes de Centro y Suramérica, que en su afán por alcanzar el esquivo sueño americano terminaron encontrando la muerte en Tamaulipas. Unas de cal y otras de arena.

En el primer caso, los efectos de la confesión de Valdés llegan hasta nuestro país, pues el siniestro personaje afirmó con total desparpajo que sus “inversiones” las realizaba en Colombia y que el dinero de las “utilidades” le llegaba en efectivo, en trailers, desde Estados Unidos. Infortunadamente, la siniestra historia de los vínculos entre carteles colombianos y mexicanos es de vieja data, desde cuando los grandes capos de aquí utilizaron la llamada ‘Conexión mexicana’ para asegurar las rutas de entrada a Estados Unidos, con la intermediación de los nacientes carteles mexicanos. Con el tiempo, dichos grupos criminales adquirieron la experiencia suficiente para convertirse en sanguinarias mafias que mantienen una guerra sin cuartel para asegurarse el control territorial del lucrativo mercado. Ahora, según la Policía, un reciente decomiso de US$28 millones en nuestro país sería la prueba de esta nefasta relación luego de la captura, hace unos días, de doce personas que harían parte de la organización criminal de La Barbie en Colombia.

Del otro lado, sicarios del cartel mexicano de Los Zetas, luego de secuestrar a indefensas personas que intentaban cruzar la frontera hacia Estados Unidos, las asesinaban a sangre fría en caso de que no tuvieran con qué pagar por su propio “rescate”. Este hecho, que mereció el repudio del propio Calderón y el rechazo de la comunidad internacional, deja al descubierto otro doloroso capítulo en México, justo en momentos en que en su vecino del norte se discuten leyes xenófobas y racistas en contra de los inmigrantes ilegales. Estas personas, sin mayores opciones laborales en sus países de origen, dejadas a su propia suerte y a la de los “coyotes” que prometen llevarlos a su destino promisorio, están desprovistas de protección gubernamental, convirtiéndose en verdaderos “desechables” a su paso por el territorio mexicano.

Ahora, al igual que se anuncian golpes efectivos contra importantes narcotraficantes, sería de esperar que un caso de homicidio masivo como el de Tamaulipas pueda llevar a conclusiones y sanciones concretas en contra de los responsables. Lo que hace más grave esta situación es que ya se conocen tenebrosas historias, como las de los asesinatos de cientos de mujeres de escasos recursos en Ciudad Juárez, que aún permanecen impunes. Ante esta situación, Amnistía Internacional sostuvo que los inmigrantes en México “enfrentan toda clase de abusos, secuestros, amenazas, violencia sexual y asesinatos. Principalmente cometen estos actos delincuentes, pero en ocasiones hay participación de funcionarios”. De ser así, se explica mejor el porqué de los altos niveles de impunidad, si algunos de los autores materiales, o intelectuales, son miembros de los propias autoridades que, en alianza con los grupos ilegales, terminan cebándose en quienes no tienen dolientes.

Para poder exigir a Estados Unidos un trato digno a los ciudadanos mexicanos que se ven ahora expuestos a situaciones denigrantes dentro de las nuevas medidas que allá se están expidiendo contra los inmigrantes ilegales, el gobierno de México tiene que actuar con mayor firmeza y efectividad para evitar que se repitan este tipo de situaciones, las cuales se convierten en una vergüenza no sólo para el país, sino para la región en su conjunto.