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Enfrentados a una oportunidad histórica para despenalizar el aborto, los magistrados de la Corte Constitucional fueron incapaces, esta semana, de romper el empate y llegar a una decisión que protegiera derechos fundamentales de las mujeres. Ahora un caso trascendental ha quedado en manos de conjueces, lo que es una muestra de estancamiento en el alto tribunal. Si la sentencia final no despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo seguirá causando muertes y sufrimientos innecesarios. Ninguna mujer debería estar en riesgo por no querer llevar a término un embarazo.
El año empezó con una tragedia que es tan común como silenciada en Colombia. Lorena Inmaculada Gelis Palomino tenía trece semanas de un embarazo que no quería llevar a término. Como no estaba amparada por las tres causales, acudió a un procedimiento clandestino que le generó una hemorragia interna. Eso la llevó a la muerte. Su historia es la misma de unas setenta colombianas al año que mueren en medio de la angustia de necesitar un aborto y tener que acudir a medios ilegales e inseguros. ¿Cómo pueden los magistrados ver esta situación y considerar que estamos bien con la regulación actual? ¿Cómo puede decir la Corte Constitucional que la salud pública de las mujeres es un derecho fundamental y aún así permitir que sean perseguidas penalmente por querer acceder a un procedimiento médico?
A la Corte Constitucional parece no incomodarle la muerte y el sufrimiento de tantas mujeres en el país. Esa es la lamentable conclusión a la que nos lleva el empate de cuatro contra cuatro a propósito de la solicitud de eliminar el delito de aborto. Al magistrado Alejandro Linares se le aceptó un impedimento por su imprudencia al opinar sobre el proceso en medios de comunicación. Ahora la decisión depende de dos conjueces: Julio Andrés Ossa y Juan Carlos Henao. Una decisión tan importante se tomará tirando una moneda al aire. No debió ser así.
Uno de los argumentos más frustrantes del debate es el de la cosa juzgada. Como la Corte ya creó las tres causales, dicen los defensores de esta postura, ya no tiene motivos para intervenir. Eso es desconocer la realidad. Cientos de niñas, adolescentes y mujeres procesadas por el delito de aborto demuestran que la amenaza de la cárcel sigue estando en la mente de aquellas colombianas que desean ejercer su derecho a la autonomía. La prevalencia de los abortos clandestinos pone en riesgo innecesario la salud de muchas. La reciente muerte de Gelis Palomino debería ser razón suficiente para ver que los hechos materiales hacen urgente una nueva decisión.
El aborto salva vidas. Los países con leyes más empáticas sobre aborto reducen la mortalidad materna. Sobre todo, tienen Estados que les dicen a las mujeres que ellas, y solo ellas, pueden tomar decisiones sobre sus cuerpos y sus proyectos de vida. En cambio, cuando existe la amenaza de la cárcel, como en Colombia, y cuando hay causales poco claras que permiten obstáculos burocráticos, como en Colombia, los embarazos no deseados se convierten en un motivo de angustia que afecta seriamente la salud mental y física de las mujeres. ¿Todo para qué? ¿Qué fin ulterior cumple en la política criminal tener un delito que solo persigue mujeres? Ninguno, en realidad.
Todavía queda la posibilidad de que los conjueces entren en razón y vean que el país necesita proteger los derechos de las colombianas. No obstante, la Corte, con su estancamiento, claudicó al momento de tomar una decisión valiente. Es profundamente lamentable.
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