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En 2019, la tensión entre la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Fiscalía General de la Nación, dirigida por Néstor Humberto Martínez, era evidente. Ahora sabemos, gracias a una denuncia penal interpuesta por la JEP después de haber tomado la decisión con presencia plena de sus magistrados, que la Fiscalía en repetidas ocasiones no le entregó información necesaria al alto tribunal de paz, lo que llevó no solo a su decisión de otorgar el beneficio de no extradición a Jesús Santrich, sino a su desprestigio una vez el firmante del Acuerdo de Paz retomó las armas gracias a la libertad concedida. Es necesario que la Fiscalía de Francisco Barbosa tome en serio la denuncia y le cuente al país la responsabilidad no solo de la directora de Asuntos Internacionales de la Fiscalía, Ana Fabiola Castro, sino de todos los involucrados en obstruir el trabajo de la JEP.
Este no es un debate sobre el entrampamiento a Jesús Santrich. Al respecto, más allá de las consideraciones jurídicas que ese tipo de pruebas generan en Colombia, es esencial recordar que el firmante de paz parecía estar más que interesado en incurrir en el delito del narcotráfico y que dos de las personas más cercanas a él fueron condenadas por esos mismos hechos en Estados Unidos. En toda la discusión sobre “entrampamiento” parece olvidarse que Santrich, en efecto, traicionó lo pactado y luego se unió a un grupo que siguió asesinando y cometiendo otros delitos.
No obstante, lo que puso de presente la JEP no tiene que ver directamente con lo que hizo o no Jesús Santrich, sino con la actitud francamente preocupante que la Fiscalía adoptó con el tribunal de paz. Un informe forense realizado por la reputada firma Guernica 37 Chambers encontró que en repetidas ocasiones el tribunal de paz le pidió a la Fiscalía que le aportara las pruebas del caso Santrich y esas mismas veces se negó o dijo haber cumplido con los requisitos cuando en realidad no allegó las pruebas. Esto llevó a que la JEP tomara decisiones sin contar con todos los materiales probatorios necesarios, justo en un momento en el que el país estaba en tensión. Allí es donde despiertan las suspicacias: ¿esa obstrucción, acaso, estaba diseñada para dañar la legitimidad de la JEP, una entidad que desde la misma Fiscalía habían criticado en varias ocasiones?
Según la denuncia de la JEP presentada esta semana, se pudieron cometer delitos como obstrucción a la justicia, fraude a resolución judicial y ocultamiento de material probatorio por las presuntas maniobras dilatorias en la entrega de información, pruebas y evidencias de parte de la Fiscalía a la JEP. Nos parece evidente que así fue. Por eso necesitamos conocer a los responsables, si la fiscal Ana Fabiola Castro actuó sola y qué más ocurrió dentro del ente investigador en esos meses de convulsión nacional.
Volver a leer la resolución a favor de Jesús Santrich en la JEP es advertir la frustración a la que sometió la Fiscalía al alto tribunal. El entonces presidente de la Sección de Revisión, Jesús Ángel Bobadilla, dijo que “el Departamento de Justicia de Estados Unidos de América no remitió las evidencias solicitadas y (en) las interceptaciones telefónicas de otro caso enviadas a la JEP por la Fiscalía no se reveló la conducta atribuida a Hernández Solarte en la solicitud de extradición”. Otra hubiese sido la decisión y la historia del país si la Fiscalía hubiese colaborado. Por eso es necesario que el país tenga respuestas.
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