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El sistema de salud está en crisis. Suena a verdad de Perogrullo, porque llevamos años dando vueltas sobre el mismo tema, pero una carta reciente de tres de las entidades promotoras de salud (EPS) más importantes del país pone de presente la urgencia de la situación. Los presidentes de las EPS Sura, Sanitas y Compensar le enviaron un documento al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, a finales del mes pasado. La misiva, publicada por Caracol Radio, no se anda con rodeos: “Vemos con seria dificultad avanzar con la operación después del mes de septiembre del presente año”, escriben los presidentes. Las tres EPS tienen 13 millones de afiliados y más de 34.000 empleados de los que dependen directamente 136.000 personas.
Lo más llamativo de la carta es que se trata de EPS que son conocidas por su reputación y buen servicio. Como tres de las cinco más grandes del país, son en muchas ocasiones las “de mostrar”, las que sacan pecho por un sistema en el que muchas EPS se quiebran o viven en medio de denuncias por malos tratos a los pacientes y a los profesionales de la salud. Por eso su voz en el debate es esencial, más aún cuando en la carta hablan de “la difícil y angustiosa situación financiera que atraviesa nuestro sistema de salud”. Las cifras son aún más preocupantes: Sanitas perdió $415.000 millones de capital reservado a lo largo de dos décadas; Sura, unos $400.000 millones, y Compensar, $279.000 millones. Y el problema es de política pública: el sistema les está fallando a quienes hacen bien su trabajo.
En particular, la carta se concentra en tres problemas: que “el valor de la UPC es insuficiente para atender el plan de beneficios en salud”, que “varias EPS hoy presentan problemas de solvencia como consecuencia de esta concentración asimétrica de cargas de enfermedad” y que está pendiente el “pago de las deudas de presupuestos máximos, recobros, canastas COVID-19, licencias e incapacidades, y procesos de compensaciones pendientes”. Al cierre de esta edición, el ministro de Salud no se había referido de manera directa a la solicitud de colaboración de los presidentes de las EPS.
Esta situación necesariamente se enmarca en el proyecto de ley de reforma a la salud que se tramita en el Congreso. El Gobierno, desde los discursos del mismo presidente de la República, Gustavo Petro, ha caído en varias ocasiones en el juego de estigmatizar a todas las EPS, cuando nuestro sistema sí tiene casos de estudio que muestran buenos resultados en la atención. Ahora que no está Carolina Corcho en el Ministerio de Salud y que la coalición de gobierno en el Congreso es endeble, es una buena oportunidad para tender nuevos puentes de diálogo entre las EPS y la administración Petro. Es claro que el sistema de salud necesita intervenciones urgentes, pero estas se pueden hacer a partir del consenso y construyendo sobre lo que ya ha funcionado. El traumatismo de empezar de cero o cambiar a un modelo preponderantemente público es un peligro que no deben ignorar todos los involucrados.
Aunque dijo que no se trataba de una misiva oficial del gremio, la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral aprovechó la coyuntura para insistir en que “se hace urgente instaurar un diálogo permanente entre el actual Gobierno y estas entidades, pues está en juego la salud de los colombianos”. Estamos de acuerdo. De la crisis puede salir un cambio provechoso para todo el país.
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