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La violencia sigue siendo protagonista de esta campaña electoral. Hace semana y media, Mileydy Villada, presidenta del Concejo Municipal de Obando (Valle del Cauca) por el Centro Democrático, fue asesinada por dos hombres en una moto. El viernes pasado, el exalcalde de Currabal (Antioquia), Rogers Mauricio Devia, y su asesor, Eder Fabián Cardona, fueron asesinados en hechos que siguen siendo objeto de investigación. Ambos hacían parte de la campaña de Abelardo de la Espriella. En ese mismo municipio, la concejal Alma Beatriz Lara, del Centro Democrático, ha denunciado que su lugar de residencia está rodeado de personas extrañas. El mismo día que asesinaron a Devia y Cardona, Julián Cardona, excandidato a la Alcaldía por el Centro Democrático, vio cómo hombres armados ametrallaron el carro en el que se transportaba, aunque salió ileso. ¿Por qué las autoridades parecen incapaces de garantizar el libre ejercicio de la democracia?
Justo en el editorial de ayer nos lamentábamos por el incremento en las presiones electorales. Debemos, sin embargo, repetir el tema porque los hechos se siguen acumulando. Este domingo encontraron a cuatro personas asesinadas en la vereda de Alto Mercado (Antioquia), departamento donde el 15 de mayo fueron asesinados tres mineros. Según la recopilación que hace la organización Indepaz, esta sería la masacre número 54 en lo que va del año.
Volviendo a los casos de asesinatos e intimidación política, la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, dijo que su departamento “no va a retroceder frente a la violencia y seguiremos actuando con toda la capacidad institucional para proteger a nuestras comunidades”. También están ofreciendo hasta 50 millones de pesos por información para dar con los responsables. Mientras las campañas de Valencia y De la Espriella exigen respuestas de las autoridades, la última declaración del ministro del Interior, Armando Benedetti, indicaba que aún no hay hipótesis sobre lo ocurrido. La Defensoría del Pueblo emitió un comunicado en el que explica la gravedad de la situación: “estos hechos son de extrema gravedad y preocupación en sí mismos, pero también porque ocurren en el contexto electoral, por lo que afectan gravemente el ejercicio de los derechos políticos y la participación democrática en los territorios. La violencia, las amenazas y cualquier forma de intimidación afectan el debate público, profundizan los riesgos para liderazgos políticos y sociales, y debilitan la convivencia democrática”.
La angustia de los operadores políticos es palpable. La denuncia sobre la concejal Lara la dio el senador del Centro Democrático, José Vicente Carreño. En sus palabras se lee la ansiedad: “me acaba de llamar muy desesperada Alma Beatriz Lara. Que están rodeándole la casa, con motocicletas, personas sospechosas. Demando ya, urgentemente, que las autoridades competentes auxilien a los líderes políticos”. Recordemos que en el nivel nacional también se han reportado amenazas de muerte contra los tres candidatos presidenciales punteros en las encuestas, así como hechos de vandalización de sedes de las campañas de Iván Cepeda y Paloma Valencia.
Es urgente que la Fiscalía le cuente al país quiénes son los responsables de los últimos asesinatos y que la Casa de Nariño asuma responsabilidad por su incapacidad de proteger a los colombianos. Condenamos la violencia. Apostarle a la democracia no puede ser una sentencia de muerte.
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