La destitución de Martín Vizcarra

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La decisión mayoritaria del Congreso peruano para sacar del poder al presidente, Martín Vizcarra, a pocos meses de las elecciones presidenciales, plantea algunos interrogantes sobre el régimen parlamentario que adoptó el país en 1993. Vizcarra ha sido defenestrado, a pesar de que hay dos procesos abiertos en su contra que no han concluido, es decir, que no existe condena en firme y que mantiene altos niveles de popularidad. En su reemplazo queda el jefe del Congreso, Manuel Merino. Más allá de la inocencia o culpabilidad, que deberá ser probada, el tema amerita una reflexión por parte de la sociedad peruana.

“Me voy con la conciencia tranquila, la frente en alto y el deber cumplido”, dijo el presidente saliente, luego de conocer el resultado de la moción de censura en su contra. De acuerdo con la Constitución, eran necesarios 87 votos para destituir al jefe de Estado, y la votación final fue de 105 a favor, 19 en contra y cuatro abstenciones. Tras un año y medio en el poder, luego de haber entrado a reemplazar a Pedro Pablo Kuczynski, quien renunció frente a denuncias de corrupción, Martín Vizcarra maniobró estos meses en condiciones difíciles. Con un Congreso mayoritariamente adverso, logró sortear una primera moción de censura en septiembre tras la aparente contratación irregular de un amigo como consultor del Ministerio de Cultura. La investigación que llevó a cabo la Fiscalía encontró que sí había aspectos de “connotación penal” que involucran al exjefe de Estado y a la exministra de Cultura. La última acusación se dio por un supuesto caso de corrupción, diez años atrás, cuando fue gobernador del departamento de Moquegua. Allí habría recibido cerca de US$280.000 de parte de la compañía constructora Obrainsa y su socia italiana Astaldi, para adjudicar un contrato de construcción de una obra de irrigación.

La figura de la vacancia presidencial, que se puede dar por “permanente incapacidad moral”, como lo acaban de aprobar con respecto a Vizcarra, se puso en práctica inicialmente contra Alberto Fujimori, en el año 2000. Ahora, y luego de la anterior moción de censura, el Ejecutivo pidió al Tribunal Constitucional que hiciera claridad sobre la interpretación de la causal invocada, que no se produjo aún. El Congreso que actuó contra el presidente saliente tiene un amplio nivel de impopularidad en Perú. Un buen número de los parlamentarios que votaron en su contra también están acusados de corrupción. La actividad del Legislativo, en este período de la pandemia, ha dejado mucho que desear, pues se han aprobado leyes consideradas populistas. De otro lado, según analistas, algunos de los grupos que estuvieron detrás de la destitución son cercanos a universidades que fueron clausuradas por el gobierno al no cumplir con los estándares de salud.

Quien asumió como presidente, Manuel Merino, desempeñó un papel central en la pasada moción de destitución, pues permitió que en la sesión de septiembre un parlamentario presentara un audio que probaría el primer caso de corrupción mencionado. Le corresponde a Merino conducir los destinos de Perú mientras se llevan a cabo las nuevas elecciones en cinco meses, en medio de una complicada realidad en materia económica y de salud, como consecuencia de la crisis generada por la pandemia del COVID-19, que ya suma más de 920.000 contagios y cerca de 35.000 muertos en ese país.

La realidad, como se ve, es compleja para los peruanos. Los últimos seis presidentes han enfrentado situaciones críticas en el desempeño de sus funciones. Tres de ellos continúan privados de la libertad, uno huye de la justicia y otro se suicidó, la mayoría de ellos vinculados al caso Odebrecht. Dentro de la fragmentación de las diversas fuerzas políticas y su representación en el Congreso, no es fácil para un gobernante contar con el suficiente respaldo parlamentario, situación que le impide aprobar leyes vitales y lo deja a merced de las fuerzas políticas opositoras.

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