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Es cierto que los alcaldes, gobernadores y el mismo Gobierno Nacional tienen problemas de ejecución de proyectos en los años electorales, pero la solución no es eliminar de manera apresurada la Ley de Garantías en vísperas de los comicios que se celebrarán el año entrante. Los intentos por tumbar la ley, apoyados por partidos de la coalición de gobierno y por la misma administración de Iván Duque, envían un pésimo mensaje ante la desconfianza que los ciudadanos ya han expresado sobre la democracia colombiana. La pandemia no es excusa para quitar los pocos contrapesos a la corrupción electoral que hemos podido establecer en Colombia.
Un estudio publicado el año pasado por el Observatorio de la Democracia, de la Universidad de los Andes, encontró cifras de desconfianza muy preocupantes y que deberían dar pausa a los intentos por tumbar la Ley de Garantías. Solo el 21 % de los colombianos confían en el Congreso, solo el 28 % en la Presidencia y solo el 26 % en el sistema de justicia. Apenas dos de cada diez colombianos dicen estar satisfechos con la democracia de nuestro país. Eso genera baja participación en las elecciones y una pérdida de legitimidad transversal a todas las instituciones del Estado. Para encerrar el mal panorama, el informe cuenta que “el 26,6 % de los colombianos consideran que todos los políticos están involucrados en corrupción y un 49,3 % consideran que más de la mitad de ellos se involucran en corrupción”.
En medio de esos niveles de desconfianza, eliminar una herramienta anticorrupción es una pésima idea, más aún estando tan cerca de las elecciones. La Ley de Garantías es producto del desastre institucional que ocasionó la reelección presidencial. Para evitar la influencia en campañas, esa normativa prohíbe que todas las entidades públicas muevan sus nóminas o sus recursos durante el período electoral. La idea es sencilla: para que los dineros de los impuestos no terminen favoreciendo a un candidato, estos se congelan en el tiempo de la campaña. Ya conocemos cómo los mandatarios elegidos buscan todas las oportunidades por favorecer a sus fichas, así la ley se los prohíba. La Ley de Garantías es una salvaguarda necesaria.
Es cierto que esta norma es un estorbo para los mandatarios. Como explicó a La Silla Vacía Didier Tavera, director de la Federación Nacional de Departamentos, “en la realidad actual y tras los efectos de la pandemia, que en muchos casos obligó a suspender convenios y contratos durante cerca de un año, mantener esta ley castiga la ejecución y el avance de los planes de desarrollo territoriales, lo que en la práctica puede significar una parálisis cercana al 50 % del tiempo de gobierno de los mandatarios locales”. Ya en elecciones pasadas hemos escuchado reclamos similares, aunque sin el amparo de la pandemia. Básicamente, las administraciones, que no son buenas planeando la ejecución de recursos, quedan de manos atadas durante el año electoral.
Sin embargo, el Congreso ha sido incapaz durante todos estos años de dar un debate serio y complejo sobre cómo crear una ley de garantías que no paralice a las entidades y, al mismo tiempo, garantice la lucha anticorrupción. Por eso, retirarla con afanes y sin una estrategia de reemplazo es un grave error. No permitamos que las personas sientan que la democracia está bajo ataque clientelista.
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