El CMH preparó el informe Una guerra sin edad, que cumple la necesaria tarea de estudiar cómo los menores de edad han hecho parte del conflicto desde la década del 60. Es un producto que, por cierto, demuestra la importancia de realizar un proceso independiente de construcción de la memoria histórica. Al no tener ataduras ni sesgos por deberle fidelidad a alguna de las partes, Una guerra sin edad muestra cómo todas las partes del conflicto cayeron en la misma práctica, aunque de maneras distintas. El resultado es un relato que aporta a la reconciliación del país permitiendo que entendamos con exactitud lo que pasó. Contrario a lo que dicen los opositores a las iniciativas de verdad en el posconflicto, el documento no es una cacería de brujas ni un esfuerzo caprichoso por asignar responsabilidades; es un aporte a la paz del país.
En conversación con Colombia 2020, de El Espectador, Katherine López, investigadora principal del informe, explicó que pudieron encontrar patrones en las causas que llevaron al reclutamiento de menores, así como a las maneras como fueron empleados. El primer hallazgo es que esto no es un comportamiento reciente: desde el 65 los grupos armados han estado entrando a las escuelas, práctica prohibida por el derecho internacional humanitario.
La pregunta más interesante que responde López es sobre los mecanismos empleados para reclutar a los menores: “Crecer como niño no es fácil en Colombia, crecer en un territorio como el Urabá o La Montañita (Caquetá) no es fácil”. Eso se ve representado en “pocas garantías de los derechos de los niños, poco acceso a la oferta educativa, dificultades a nivel familiar. Se tejen sociabilidades entre ellos y los grupos armados”. Además, los actores ilegales “posdesmovilización presionan a familias a las que les hacen préstamos gota a gota, no tienen con qué pagar y les dicen que entreguen a un niño. En algunos territorios se implementaron cuotas para la guerra, y se llevaban a los niños”. También abundan los casos en los que no hubo violencia física de por medio, pero la decisión de los menores no fue libre.
López cuenta asimismo que se registraron casos en los que la Fuerza Pública utilizó a menores de edad para obtener inteligencia u otras ventajas, algo que ha sido difícil de documentar.
El diagnóstico es angustiante, no sólo por el abrumador número de víctimas, sino porque la advertencia es clara: esto seguirá ocurriendo mientras persistan los grupos armados y el Estado sea incapaz de ofrecerles oportunidades genuinas a todos los colombianos. Sin embargo, también da una esperanza y hace un recordatorio, necesario por estos días, de que apostar por los relatos de construcción de verdad rinde frutos y nos ayuda a edificar una Colombia consciente de sus problemas y de lo que necesita para mejorarlos. Debemos, entonces, seguir apostándole a la paz.