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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sigue haciendo su trabajo. Ayer se llevó a cabo la imputación de 10 mandos medios del antiguo Comando Conjunto Central de las FARC. Los 144 secuestros que se llevaron a cabo en el Tolima y el Huila para financiar a la guerrilla son tragedias que no deben repetirse. A la espera de los aportes a la verdad de los imputados, el tribunal de paz anuncia su intención de llevar la justicia a todas las regiones del país y luchar contra la impunidad. Aunque ha tomado tiempo, la justicia transicional está mostrando la importancia de su autonomía y sus procesos rigurosos.
Como explicó la magistrada Julieta Lemaitre, los implicados son los máximos responsables de la creación de “un sofisticado sistema de secuestro y extorsión”, mediante el cual obtenían financiación y enviaban dinero al Secretariado de las FARC. Entre los crímenes imputados están la toma de rehenes, el homicidio y los tratos crueles e inhumanos. No es para menos. Los testimonios de las víctimas dan cuenta de cómo el Comando Conjunto Central aterrorizó a los habitantes del Tolima y el Huila, los extorsionó y luego secuestró a miembros de sus familias. Ese actuar bloqueó el desarrollo económico y turístico de la región, pues se convirtió en territorio vetado y de alto riesgo. Que la JEP actúe con vehemencia es un mensaje para todos los grupos armados, en especial para el ELN, que siguen incurriendo en el atroz delito de secuestrar personas. Ese tipo de vulneración a la dignidad humana tiene que erradicarse de Colombia.
En la resolución de la JEP se lee que los imputados “son máximos responsables por su liderazgo y ostentaron el mando sobre los seis frentes, tres columnas y tres compañías, además de las comisiones Financiera Manuelita Sáenz y Política René González que componían el Comando Conjunto Central”. También explica que tienen “30 días hábiles para entregar información ante la Jurisdicción y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas que conduzca a la búsqueda, localización e identificación de las víctimas”. Si no cumplen, perderán la posibilidad de obtener las sanciones más beneficiosas del Acuerdo de Paz y podrán enfrentarse a procesos que terminen en hasta 20 años de cárcel. Por el bien del país, esperamos que haya aceptación de responsabilidad y aporte a la verdad, como lo hizo el Secretariado de las FARC.
Poco a poco, cada uno de los casos de la JEP ha construido un espacio de verdad judicial y reparación a las víctimas esencial para el país. Ante quienes insisten en que se trata de un tribunal de impunidad están los hallazgos sobre ejecuciones extrajudiciales y las imputaciones contra los miembros de las FARC. Se trata de un modelo a replicar en el futuro, pues muestra cómo el trabajo juicioso de magistrados con autonomía y recursos lleva a resultados tangibles incluso en los casos más complejos. Los tribunales de paz son, quizás, el mayor aporte que le quedará a Colombia del acuerdo de La Habana, además de la reincorporación de los excombatientes a la sociedad.
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