5 Jun 2020 - 5:00 a. m.

La prima puede esperar

El Espectador

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Aplazar la prima de junio es una flexibilización pasajera y necesaria de los derechos laborales que busca responder a la crisis económica. En medio del creciente desempleo, que se ha instalado en cifras que no se veían hace dos décadas, y de muchas empresas que están quebrando, permitirles a los empleadores formales un plazo adicional para pagar este monto es un respiro bienvenido. Sin embargo, no pueden echarse en saco roto las preocupaciones de millones de trabajadores que, de por sí, ya están asfixiados de recursos. Las medidas salvavidas por parte del Gobierno y del Congreso tienen que acelerarse para frenar los peores efectos económicos de la pandemia.

Era de esperar que la medida causara molestias. Desde mayo, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) dijo que “aplazar el pago de la prima de junio a más de seis millones de trabajadores sería un asalto a los derechos laborales y una violación flagrante a la Constitución y a la ley, si lo hacen mediante decreto legislativo de la declaratoria de emergencia”. Más allá de la discusión legal sobre si el Gobierno está actuando en derecho, que deberá ser definida por las cortes en estudio de todos los decretos de emergencia, es entendible la preocupación expresada por la CUT. En medio de la crisis económica, seguir reduciendo la capacidad adquisitiva de los trabajadores es un golpe negativo al aire que necesita el mercado.

Dicho eso, las cifras de desempleo (más de cinco millones de nuevos desempleados en abril, según el DANE) y de empresas quebradas o en camino de estarlo dan otro panorama que no puede ignorarse en la ecuación. El empleo formal se está destruyendo y, pese a las mejores intenciones, son muchas las empresas, de todos los tamaños, que debido a la reducción del consumo no pueden cubrir sus obligaciones laborales. En tiempos extraordinarios, el mensaje ha sido claro: todos tenemos que poner un poco y apretarnos el cinturón.

Una bondad del Decreto 770 es que no elimina el pago de la prima. Lo único que permite, de manera excepcional, es que “de común acuerdo con el trabajador, el empleador podrá trasladar el primer pago de la prima de servicios, máximo hasta el 20 de diciembre de 2020. Los empleadores y trabajadores podrán concertar la forma de pago hasta en tres cuotas (pagos)”. Es importante que esa negociación sea lo más equilibrada posible. Ya vimos las quejas que se presentaron hace un par de meses ante las vacaciones de común acuerdo, que terminaron siendo impuestas por algunos empleadores a riesgo de despedir a las personas que no aceptaran. Eso no puede pasar.

Proteger nuestra economía formal y las décadas de avances en derechos laborales pasa, necesariamente, por una flexibilización del sistema en tiempos de crisis. El reto, claro, es ser justos, pero esta medida parece razonable en medio de todo lo que está ocurriendo.

Por supuesto, no es suficiente. El país necesita medidas mucho más ambiciosas y contundentes. En el Congreso hay un proyecto de renta básica de emergencia que debería ser prioridad y que el Gobierno podría adoptar como propio. Los colombianos están esperando, con angustia, un rescate digno de la magnitud del problema al que nos enfrentamos. Aplazar la prima es un paño de agua tibia para enfrentar la pobreza creciente, la economía debilitada y la desconfianza de los ciudadanos en que podremos rescatar las finanzas de todos.

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