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Durante más de una década la Refinería de Cartagena (Reficar) se había convertido en sinónimo de sospechas sobre negligencia y mal uso de recursos. Había razones: el proyecto tuvo 27 meses de retraso y pasó de costar US$3.777 millones a unos US$8.016 millones cuando finalmente fue inaugurada. La Contraloría, además, determinó un daño fiscal total por $2,9 billones. Sin embargo, una decisión reciente favorable a Ecopetrol en un tribunal de arbitramento muestra que las medidas adoptadas por la junta directiva no solo fueron claves para terminar la obra, sino para resguardar el dinero de los colombianos.
La decisión es gigante: la Cámara de Comercio Internacional dijo que la firma Chicago Bridge and Iron (CB&I) deberá pagarle a Reficar US$1.000 millones por los retrasos, además de los intereses causados desde 2015. Al cambio de hoy, estamos hablando de unos $4,2 billones, cifra mucho mayor a la que la Contraloría dijo que se perdió. Tal vez más importante aún, la Cámara de Comercio Internacional, al culpar a la firma estadounidense, le señala al país que las fallas de administración estuvieron en el contratista, que ni siquiera fue elegido por Ecopetrol. Si a esto se suma que la Procuraduría investigó durante años a los miembros de la junta directiva y no encontró razones para sanción disciplinaria, es importante ajustar el discurso público sobre lo que ocurrió en Reficar.
CB&I llegó elegida por Glencore International A.G., empresa suiza que en aquel entonces tenía el 51 % del proyecto (Ecopetrol tenía el otro 49 %). Sin embargo, en la crisis económica de 2008, Glencore salió del proyecto y dejó a Ecopetrol con CB&I ya contratada. Durante años la empresa colombiana culpó al contratista de los retrasos, incluyendo sobrecostos de facturas que no tenían nada que ver con el proyecto y una incapacidad general de cumplir con lo acordado. No obstante, la decisión fue que la construcción de Reficar concluyera, con los costos ya conocidos, y tan pronto terminó esa etapa se interpuso la acción que acaba de fallar el tribunal de arbitramento. En su momento hubo denuncias de corrupción, de malas prácticas en el lado colombiano, pero ocho años después la refinería está generando ingresos al país y tenemos una sentencia bastante favorable a los intereses nacionales.
De esto se desprenden varias reflexiones. Por un lado está la labor de la Contraloría. Estamos acostumbrados a que la autoridad fiscal haga auditorías rimbombantes que terminan en sanciones multimillonarias contra funcionarios, pero casos como el de Reficar anuncian quizás una falta de consideración por las complejidades de llevar a buen término las obras públicas. Los controles fiscal, disciplinario y penal, aunque necesarios, no pueden convertirse en espectáculos políticos que hagan que las personas no quieran entrar al servicio público.
Por otro lado, se refuerza la necesidad de que el gobierno corporativo de las empresas con participación estatal se haga de manera autónoma y técnica. ¿Qué tal que Reficar, como pidieron voces en su momento, no se hubiese terminado? ¿Y si las presiones políticas hubiesen cambiado decisiones que ahora vemos como prudentes y acertadas? El Estado colombiano debe celebrar este triunfo en el tribunal de arbitramento, al mismo tiempo que el país reconsidera la manera en que vigila y sanciona el trabajo que se hace en obras públicas. Que Reficar sirva de referente.
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