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El régimen venezolano ha incrementado la represión en las últimas tres semanas. A pesar del número de muertos, heridos y detenidos, la oposición demuestra en las calles que ha perdido el miedo al Gobierno y está dispuesta a jugarse el todo por el todo. Mientras aumenta la presión internacional sobre Nicolás Maduro para que busque una salida incruenta y constitucional, el mandatario anunció una nueva etapa que “permita recuperar la paz y la estabilidad”, pero advirtió que la oposición subestima a la revolución y que habrá “paz con revolución o no hay paz”.
La apuesta opositora no puede ser otra que una protesta pacífica que permita la pronta realización de elecciones, la liberación de todos los presos políticos y el pleno reconocimiento a la Asamblea Nacional. Ese ha sido el camino transitado hasta el momento, mientras el oficialismo continúa haciendo gala de la tozudez propia de un régimen que mutó del autoritarismo a un esquema dictatorial. Sin embargo, en medio del tenso ambiente y con una población hastiada de pasar penurias y no avizorar salidas viables, en diversos lugares del país han aumentado los casos de vandalismo y saqueo de comercios. Estos hechos, ajenos a la manera como se han desarrollado las marchas, son los que utiliza el Gobierno para su represión indiscriminada. Para hoy se tiene previsto un gran plantón a nivel nacional que busca paralizar el país sin el uso de la violencia.
El Gobierno ha sido el responsable de ahogar el diálogo productivo, al utilizarlo para dilatar una solución viable y, en especial, quitar presión a las protestas en la calle. Logrado ese objetivo a finales del año anterior, hace unas semanas promovió un autogolpe de Estado quitándole las funciones a la Asamblea Nacional y pasándoselas al Tribunal Supremo de Justicia, que el Ejecutivo maneja a su antojo. Las denuncias formuladas por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, así como la activación formal de la Carta Democrática Interamericana (CDI), dieron pie para que la Mesa de Unidad Democrática (MUD) promoviera varias concentraciones gigantescas, entre ellas la del miércoles de la semana anterior. En ella se dieron cita personas de todas las clases sociales, sin distingos políticos.
Lo cierto es que a las miles de personas que protestan de manera pacífica las une el deseo de terminar de una vez por todas con la insostenible situación de hambre, desabastecimiento, inflación desorbitada, niveles de inseguridad nunca vistos, corrupción, ineficiencia administrativa y un largo etcétera. Las imágenes muestran cómo al llegar a este callejón sin salida propiciado por el chavismo, aquellos que saben que no tienen nada que perder están dispuestos a mantenerse en las calles hasta que retorne el orden democrático. No es un hecho menor que en sectores populares de Caracas, donde el chavismo ha contado con mayor apoyo político en el pasado, como en El Valle, Petare, el 23 de Enero, La Candelaria y El Paraíso, se hayan presentado los hechos más violentos. Entre ellos la muerte de más de diez personas electrocutadas, al parecer, al intentar asaltar un supermercado.
En medio de esta situación, un comunicado emitido por 11 países, en el cual se pedía al Gobierno que no reprimiera las protestas pacíficas, condujo a un deterioro de las relaciones entre Colombia y Venezuela. Maduro aprovechó para abrir un nuevo frente de conflicto al atacar al presidente Juan Manuel Santos y amenazar con divulgar secretos del proceso de paz. Además denunció un supuesto plan para asesinar a los líderes de las Farc. Como dijimos el sábado, frente a este tipo de agresiones verbales y acusaciones sin sustento, la mejor respuesta debe ser la de mantener los canales diplomáticos para atenderlas, sin caer en la conocida diplomacia del micrófono.
Una vez más, Nicolás Maduro tiene en sus manos la oportunidad histórica de modificar sustancialmente el rumbo del país, permitiendo que retornen la democracia y el imperio de la ley.
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