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Luciana Román, Verónica Dantez, Valentina Barrera Delgado, Sharon Muñoz Zúñiga, Macarena, Thaliana Fajardo, Paulina Smith y Luisa Mome. Estos son los nombres de ocho mujeres transgénero de las que se tiene registro de que han sido asesinadas en Colombia en 2024. Los crímenes de las primeras cinco de la lista ocurrieron entre el 21 y 28 de abril en Bogotá, Pasto y Cali. De acuerdo con la organización Colombia Diversa, las mujeres trans son una de las poblaciones más vulnerables ante la violencia homicida. Es factible que el número de víctimas sea mayor, pues la Fiscalía no siempre registra estos crímenes de acuerdo con la identidad de género.
Esta forma de violencia no es nueva. Cada año, la población LGBTQ+ de Colombia enfrenta un peligro latente que se revela en asesinatos cuyas circunstancias se parecen: muchos suceden en espacios íntimos y los cadáveres muestran señales de tortura y golpes en los genitales e implantes plásticos. ¿Es esta una forma de serialidad? ¿Son transfeminicidios? La respuesta recae en la Fiscalía, pero es evidente que estos crímenes suceden en una sociedad donde el mal de la transfobia sigue vivo.
No es una frase de cajón cuando se dice que la transfobia mata. La violencia perpetrada contra personas trans no es solo física, sino también se manifiesta en la exclusión y la discriminación sistemáticas en la escuela, el trabajo, el sistema de salud, la familia, el espacio público y demás entornos sociales.
Los avances legislativos de Colombia en no discriminación, igualdad de derechos y reconocimiento de las identidades diversas son parangón a nivel mundial, pero de poco sirven si no se aplican en todo el territorio y si la discriminación sigue arraigada. Los discursos de odio y la discriminación están activos en redes sociales, en las instituciones e incluso desde el ámbito político, como lo demuestran los comentarios del concejal Andrés Escobar en Cali, quien hace pocas semanas se burló de una funcionaria trans del Gobierno por razón de su identidad de género.
El Ministerio del Interior reactivó la Mesa Temática para la atención urgente de este tipo de homicidios. Por supuesto, es necesario que se desplieguen todos los mecanismos de acción, pero ya se ha vuelto costumbre que el proceder del Estado no se traduzca en resultados tangibles. De acuerdo con cifras de la ONG Caribe Afirmativo, el 74 % de procesos por asesinatos de personas LGBTIQ+ estaban en indagación para finales de 2022, es decir, no habían avanzado a un juicio, lo que inevitablemente significa alta impunidad. Por su parte, la Fiscalía, que recién estrenó una unidad para investigar delitos relacionados con orientación sexual e identidad de género, informó que abriría una investigación especial. Esa unidad trabaja tomando como primera hipótesis la diversidad como posible móvil de los crímenes contra personas LGBTIQ+. Parte de un reconocimiento de que la institución tiene una deuda histórica con las personas diversas porque la misma autoridad policial ha sido, a menudo, revictimizante.
Es imperativo que se apliquen las leyes existentes de manera efectiva. Además, es necesario que se creen estrategias específicas para proteger las vidas de las personas trans, quienes son especialmente vulnerables y requieren una atención y protección especiales. Las instituciones deben asumir su responsabilidad en la prevención y la investigación de casos de agresión, y nosotros, como sociedad, debemos rechazar con vehemencia la discriminación. Todas las vidas importan.
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