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“Transparencia” es la palabra favorita de todos los involucrados en el caso del expresidente Álvaro Uribe y, sin embargo, el concepto es manipulado según convenga. Las discusiones de la última semana sobre la idoneidad del magistrado César Augusto Reyes, quien lideraba la investigación contra el expresidente en la Corte Suprema de Justicia, se traslapan con las de los nuevos investigadores: el fiscal general, Francisco Barbosa, y el nuevo fiscal del caso, Gabriel Jaimes. Aunque a algunos les parece que Reyes no podía llevar a cabo la investigación por haber tenido un contrato con la administración de Juan Manuel Santos, no aplican ese mismo rasero para Barbosa. Y así, en medio del tire y afloje, la majestad de la justicia se desaparece, la legitimidad queda en veremos y Colombia se sume en la confusión.
No somos ingenuos: aquí nadie se va a declarar impedido. Eso requeriría un respeto por los cargos que se ostentan que no hemos visto en el pasado. El fiscal Barbosa, amigo personal de Duque y quien llegó a la Fiscalía gracias a él, no consideró que esa situación era suficiente para declararse inhabilitado en la ñeñepolítica, que involucra una campaña política de la que él hizo parte. Entonces, ahora que se trata de Álvaro Uribe, a quien la Casa de Nariño en numerosas declaraciones públicas ha absuelto de cualquier duda pese a no tener poderes judiciales, sería muy inesperado que el fiscal general se apartara. En todo caso, en el pasado ha utilizado la extraña tesis de que él es un simple “gerente” de la Fiscalía y que les corresponde total autonomía a los fiscales individuales.
Eso nos lleva al siguiente punto de tensión. Gabriel Jaimes, coordinador de los fiscales delegados ante la Corte Suprema, será el encargado de llevar el caso de Álvaro Uribe. Jaimes fue mano derecha de Alejandro Ordóñez en el Consejo de Estado y en la Procuraduría. Sí, el mismo Ordóñez que es embajador en la OEA del Gobierno que ya ha absuelto en el debate público al expresidente; el mismo exprocurador que violó los derechos políticos de Gustavo Petro. ¿Es este el personaje más autónomo que la Fiscalía puede darle a un caso de importancia histórica?
No se trata, como nos han dicho en antieditoriales, de un prejuzgamiento del expresidente Uribe. Por supuesto que no. Él tiene derecho a la presunción de inocencia y al debido proceso. De hecho, ha tenido tan buenas garantías que, pese a todo el desprestigio que han lanzado contra la Corte Suprema Justicia (CSJ), obtuvo el cambio de competencia que deseaba.
Ahora, sectores del uribismo hacen escándalo porque el magistrado Reyes, de la CSJ, tuvo un contrato durante la administración Santos. ¿Por qué eso sería un impedimento para investigar a Uribe? Y en todo caso, él presentó los hallazgos y el tribunal de manera unánime fue el que tomó la decisión de dictar medida de aseguramiento. Llevando más allá el argumento: el fiscal Barbosa también tuvo contratos durante la administración Santos. ¿Por qué no le están pidiendo que se declare impedido bajo el mismo argumento? ¿Cuál es la diferencia en los casos?
Transparencia, en medio del caos, es un objetivo que parece lejano. Pero la justicia en su actuar no debería dejar duda alguna, para bienestar del expresidente y de todos los colombianos. ¿Entenderán los involucrados que sus cargos son más importantes que sus amistades personales? ¿Estarán a la altura de la necesidad de transparencia y confianza absoluta en este proceso? Guardamos esa esperanza.
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