El Consejo de Estado debe aprovechar la tutela que fue presentada en contra del expresidente de la República, Gustavo Petro, para explorar de fondo las denuncias de fraude electoral que ha propuesto el mandatario y demostrarle al país, una vez más, que no hay motivos para dudar del resultado que llevó a Abelardo de la Espriella a la Casa de Nariño. Tal vez si contamos con una decisión judicial en firme, la oposición puede empezar a pasar la página de una narrativa que le hace mucho daño al país, que vulnera la democracia y que es una agresión inaceptable a la legitimidad de la Presidencia de la República.
La tutela, como lo reveló El Espectador, fue presentada por el actual registrador nacional, Hernán Penagos. En ella, se documentan, de manera exhaustiva, las publicaciones que, como presidente, Gustavo Petro hizo en contra del servidor público. El ataque, que documentamos en su momento en varios editoriales, llegó a su punto más álgido cuando Abelardo de la Espriella ganó la presidencia en segunda vuelta. Entre el 2 de junio y el 5 de agosto de 2026, el expresidente Petro publicó más de 100 mensajes diciendo que en nuestro país hubo fraude electoral. Esto a pesar de que todas las misiones de observación independientes certificaron la transparencia de los resultados. Una buena parte de esos mensajes señalaban al registrador de ser cómplice de una conspiración.
El expresidente Petro nunca ha podido probar sus afirmaciones. Cuando todavía estaba en la Casa de Nariño, cambió las versiones en varias ocasiones cuando sus argumentos eran desmentidos por la realidad. Al finalizar, no asistió a la transmisión del mando en un acto de desconocimiento de los resultados y ha insistido en que hay un fraude. Al hacerlo, adoptó idéntica estrategia a las de Donald Trump en los Estados Unidos y Jair Bolsonaro en Brasil. Esos dos países nos anuncian la importancia de tomarse en serio las afirmaciones manipuladoras y tomar acciones para blindar la democracia.
Por eso, la tutela de Penagos presenta una oportunidad. Sí, el asunto de fondo es si hay una vulneración a los derechos al buen nombre del registrador, pero también abre la puerta para que el Consejo de Estado se refiera a cada uno de los argumentos del expresidente Petro. Un estudio juicioso y riguroso, que presente las evidencias al país entero, puede ayudar para dejar sin piso a esa oposición tramposa que se construye desde sembrar dudas sobre la legitimidad de nuestro aparato institucional.
El registrador Penagos escribe que el expresidente Petro incurrió en un “desprecio temerario por la verdad” y que “el escrutinio reforzado que soporta un servidor público no otorga ‘carta blanca’ al presidente para formular imputaciones sobre la comisión de un crimen, sobre la base de simples especulaciones”. Tiene razón. Adicionalmente, los señalamientos infundados, ayudaron a que, como dijo la Defensoría del Pueblo, se recibieran “mensajes intimidatorios y contenidos que promueven hechos de violencia”.
Es claro que nada de esto invitará al expresidente Petro a reflexionar. En una publicación de X, respondió a la tutela diciendo que el registrador no ha querido dar explicaciones, lo que no es cierto, y agregando que las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, son prueba en contra de Penagos, lo que es una interpretación irresponsable. Reiteramos nuestra invitación al resto de miembros del Pacto Histórico a manifestarse en contra de una narrativa que le hace mucho daño al país.
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