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22 May 2022 - 5:00 a. m.

La virtualidad en los casos penales es apenas lógica

¿Por qué se oponen a la modernidad los congresistas si llevamos dos años de exitosa virtualidad? Hay votaciones que cuesta comprender. / Imagen de referencia: Getty Images
¿Por qué se oponen a la modernidad los congresistas si llevamos dos años de exitosa virtualidad? Hay votaciones que cuesta comprender. / Imagen de referencia: Getty Images
Foto: RamCreativ

El Congreso de la República nos tiene a los colombianos acostumbrados a decisiones absurdas e ilógicas, pero en el panteón de sus actuaciones irracionales se encuentra una votación de la Cámara de Representantes esta semana que termina. Sin justificación aparente, los representantes dijeron que toda la justicia colombiana podrá continuar en la virtualidad, como lo han pedido sus representantes, salvo la jurisdicción penal. ¿Cuál es el motivo para esa diferencia? ¿No queremos, acaso, que los beneficios de acceso a la justicia se apliquen a la rama más colapsada? ¿Por qué se oponen a la modernidad los congresistas si llevamos dos años de exitosa virtualidad? Insistimos: hay votaciones que cuesta comprender.

Dentro de los pocos beneficios que dejó la pandemia, uno fue romper con la hegemonía de la presencialidad. Los colombianos descubrieron que muchos de los trabajos que pedían horarios de oficina podían hacerse con igual o incluso mayor eficiencia desde el hogar, reduciendo múltiples costos para todos los involucrados. Tal vez el espacio donde esto fue más evidente fue en la justicia: de repente, jueces que se quedaban sin salas de audiencias podían atender varios procesos en un solo día gracias a la virtualidad; abogados que perdían días enteros viajando a distintas partes del país podían, con un solo clic, pasar de una ciudad a otra para representar a sus clientes; los ciudadanos, que tenían que enfrentar una burocracia para presentar sus tutelas, ahora podían remitirlas por correo electrónico.

En esencia, lo que facilita la virtualidad es una promesa que suele alimentar la retórica política, pero rara vez se ve materializada: mejorar los índices de acceso a la justicia y ayudar a reducir la saturación del sistema. Lo lógico, entonces, sería que Colombia aprovechara el impulso inesperado de la pandemia para seguir adelante en la modernización, ¿no?

El Decreto 806 de 2020, expedido en el marco de la pandemia, permite la justicia virtual hasta inicios de junio de este año. Para volverla permanente, se presentaron proyectos de ley ante el Congreso, y uno de ellos recibió mensaje de urgencia por parte del presidente Iván Duque. Allí fue, no obstante, donde ocurrió lo extraño. La Cámara de Representantes aprobó la virtualidad para todas las ramas de la justicia, excepto para la penal. Como dijo Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas, “justicia tipo clase ejecutiva para lo civil, laboral y familiar, y la penal en clase económica. No tengo palabras para lamentar una decisión tan absurda”.

Estamos de acuerdo. El área penal suele estar colapsada de casos y aplazamientos. ¿Cuántos casos no han precluido por dilaciones injustificadas o falta de espacio en los juzgados? ¿Cuántas personas no pueden acceder a un buen abogado porque no pueden desplazarse a ciudades distintas a donde residen? ¿Cuántos jueces no ven sus días desperdiciados por la ineficiencia de la burocracia presencial? No tiene ningún sentido aplazar la virtualidad.

Quedan asuntos pendientes. Por ejemplo, es necesario modernizar el sistema de información en toda la Rama Judicial y, por qué no, desarrollar una plataforma unificada para todas las fases de los procesos, desde la presentación de memoriales hasta la publicación de la sentencia. Empero, si ya avanzamos en los tiempos difíciles de la pandemia, no hay motivos para desacelerar la revolución de la justicia colombiana.

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