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Mientras Colombia avanza lentamente hacia la regulación del cannabis con fines recreacionales, en medio de aspavientos conservadores y profunda desinformación, la realidad de las drogas en el país está a años luz de distancia y tiene a las autoridades sin capacidad de responder adecuadamente. Una investigación para El Espectador realizada por Nicolás Achury González y Óscar Güesguán Serpa, titulada “Tusi, el coctel de drogas de alto riesgo producido en Colombia”, muestra que los jóvenes del país están consumiendo drogas sintéticas peligrosas sin saber su contenido, que los grupos de narcotraficantes operan como un para-Estado imponiendo sus propias reglas y que el país no está dando los debates que necesita, en gran medida porque cualquier discusión sobre drogas se llena de prejuicios y pánicos morales.
La investigación de El Espectador muestra lo fácil que es comprar tusi o tusibí, “una mezcla de sustancias psicoactivas en forma de polvo de colores”. Los periodistas fueron a una cocina de tusi, donde el preparador cuenta que pagó $12 millones por la receta y que le paga una mensualidad de $500.000 a La Oficina para poder vender la droga en su sector. También hicieron parte de una fiesta llena de tusi en donde el DJ tenía 11 años y la persona más adulta tenía 16 años. Por último, compraron, sin mayor contratiempo, una dosis de tusi en un parque del norte de Bogotá. Sobre eso último, por cierto, llevaron la droga para ser analizada por Échele Cabeza, organización que presta ese servicio público y promueve la reducción de riesgos y daños en el consumo de sustancias psicoactivas, y había una mezcla tan compleja de ingredientes que la recomendación era no consumirla por presentar alto riesgo. ¿Dónde quedan las autoridades colombianas en todo esto? Luchando una guerra contra las drogas que, en las calles, está más que perdida.
“Acá en Medellín esto se está moviendo más que nunca. La gente está de cabeza con el tusi. Sobre todo los menores de edad, ellos son los que mueven la vuelta”, le dijo el vendedor de tusi a El Espectador. Por su parte, Julián Quintero, sociólogo e investigador que cofundó la Corporación Acción Técnica Social, dijo que “esto es altamente complicado para la salud. En el país ya se conocen casos de personas que fallecen y les encuentran estas sustancias en su organismo”.
Contrasta lo narrado con el debate nacional sobre las drogas. El Congreso históricamente se ha limitado a torpedear la regulación del cannabis y apostarle a la criminalización de todo lo demás. En épocas del presidente Iván Duque, Gobierno y Fiscalía anunciaron una lucha abierta contra el microtráfico e hicieron aprobar un Código de Policía bastante restrictivo, solo para fracasar en el intento. Mientras tanto, el enfoque de salud pública, que es necesario, ha sido abandonado a su suerte. Las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico se han fortalecido, creando fronteras invisibles y administrando a su antojo el mercado ilegal. Necesitamos más educación, diálogos abiertos sobre consumo responsable, iniciativas como Échele Cabeza para testeo de sustancias y un cambio en la forma en que entendemos el problema. De lo contrario, seguiremos contando tragedias.
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