3 Jun 2018 - 8:10 a. m.

Las personas LGBT como comodín político

El debate sobre los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales y trans (LGBT) aterrizó de manera extraña e inesperada en la contienda por la Presidencia. Un video publicado por el expresidente y senador del Centro Democrático Álvaro Uribe Vélez, recordó las fuertes tensiones que hay en la sociedad colombiana y los discursos engañosos que varios sectores de la derecha política han adoptado para enmascarar lo que, en la práctica, es complicidad con la discriminación.

El Espectador

La noticia que capturó la atención nacional fue que el expresidente dijo en Twitter que recibió “una carta de población no heterosexual”. Aunque después explicó que eligió esa curiosa combinación de palabras por petición de los ciudadanos que le enviaron la comunicación, autodenominados “no heterosexuales”, un líder de la talla y significancia del expresidente Uribe no puede ser ajeno a la importancia de los simbolismos. Cada una de las palabras que conforman la sigla LGBT da cuenta de una lucha histórica por reclamar identidades prohibidas, que no se construyen a partir de la oposición a lo que no se es (¿acaso a las personas afros se les diría “no blancos” o a las mujeres “no hombres”?), sino que llaman la atención sobre cuerpos que existen y que no han sido reconocidos por los discursos con los que hemos construido nuestra sociedad.

Aquello que no se nombra no existe. El respeto empieza por utilizar las palabras adecuadas.

Pero ese no es el debate más importante. En su intervención, Uribe, tal vez el rostro más visible de la agenda política de la derecha colombiana, habla de que se compromete a “respetar la intimidad” y considera que “las diferencias en temas de adopción, matrimonio (...) deben respetar la jurisprudencia, la ley y la objeción de conciencia”.

Detrás de esas palabras se encuentra la enorme batalla que se está dando en Colombia entre agrupaciones religiosas y los defensores de la Constitución y los derechos de las minorías.

Hablar de “objeción de conciencia” en temas que involucran a parejas del mismo sexo es defender la idea de que alguien puede negarse a cumplir los mandatos de la Corte Constitucional por motivos discriminatorios. Varios proyectos de ley fallidos, pero que siguen entre las intenciones de los líderes políticos que representan grupos religiosos, han intentado crear reglamentaciones que permitirían, por ejemplo, que un notario se niegue a realizar un matrimonio porque considera que los ciudadanos con orientaciones sexuales diversas son antinaturales.

En la práctica, eso significa que les exigiríamos a las personas LGBT pedir permiso para existir y ejercer sus derechos. Esta es la discriminación enmascarada en los discursos conciliadores.

No puede olvidarse que hace apenas 37 años ser homosexual era un delito. Desde la Constitución de 1991, las personas LGBT han tenido que dar luchas incansables y plagadas de obstáculos para obtener reconocimientos básicos. Pero todavía falta mucho camino por andar. Las personas trans tienen una expectativa de vida media de 35 años, en Colombia se siguen reportando asesinatos motivados por odio a las orientaciones sexuales diversas, y la población LGBT sigue siendo un caballito de batalla electoral que ha servido para triunfos ultraconservadores y ha saboteado elecciones como la del plebiscito por la paz, así como obstaculizado la implementación de políticas públicas que den el apoyo necesario para esta población.

Por eso, cada vez que se nombran en elecciones hay que tener mucho cuidado. No es democrático hacer campaña con los derechos humanos de las minorías, ni pretender llegar a un punto medio como la objeción de conciencia, que sólo da excusas para normalizar la discriminación.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a yosoyespectador@gmail.com.

Comparte: