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Seis contratos en total tienen al exsenador y exgobernador de Santander Richard Aguilar acusado por la Fiscalía ante la Corte Suprema de Justicia. La investigación realizada por la Fiscalía llegó a la misma conclusión que había formulado la Corte antes de que el otrora congresista renunciara a su curul: Aguilar influyó en la adjudicación de contratos con recursos públicos y habría pedido a cambio un porcentaje del dinero. Se trata de otro golpe contra el grupo familiar de los Aguilar, cuyo líder, Hugo Aguilar, fue condenado por parapolítica y ha tenido escándalos recientes por no reparar a las víctimas.
Los Aguilar son una fuerza poderosa en Santander. También se trata de los miembros con más visibilidad dentro de Cambio Radical. Actualmente, Mauricio Aguilar, hermano de Richard, es el gobernador de Santander. Hugo Aguilar es el padre de ambos y fue uno de los fundadores de Convergencia Ciudadana, uno de los partidos que estuvieron en el centro del escándalo por parapolítica develado durante el gobierno de Álvaro Uribe. Pese a la condena en contra, Hugo sigue siendo una de las voces con más influencia en el departamento.
Ahora Richard Aguilar está acusado por la Fiscalía porque, en palabras del ente investigador, cuando fue gobernador, “creó un comité asesor para, supuestamente, orientar a su manera los procesos contractuales en el departamento. Adicionalmente, nombró a dos personas de su confianza como secretaria de Infraestructura y director de Gestión de Infraestructura con el propósito de garantizar que la contratación se ajustara y quedara en manos de las personas que él encomendaba”. Aguilar habría recibido unos $1.500 millones por direccionar los contratos públicos, entre los que está uno para reforzar el estadio de fútbol por un valor de $15.278 millones y que posteriormente adicionó $6.700 millones.
Hace unos días, la Fiscalía había reportado la captura de Octavio Reyes Sarmiento y Julián Jaramillo. El primero, representante legal de la Unión Temporal de Reforzamiento 2015, recibió el contrato del estadio y, según información divulgada, sería amigo personal de Hugo Aguilar. El segundo, asesor de confianza de Richard Aguilar, había ayudado en todo el esquema de contratación.
Es fundamental que la Corte Suprema de Justicia llegue a una decisión pronto. La acusación contra Aguilar es muy grave y el exgobernador ha insistido en su inocencia. Sea cual fuere la decisión final, los santandereanos y el resto del país merecen conocer cómo se están empleando los recursos públicos y, si existen, de qué manera están operando los esquemas de corrupción. También es clave que las organizaciones políticas que han avalado el actuar de los implicados den explicaciones.
Uno de los contratos que tienen emproblemado a Aguilar está relacionado con el Plan de Alimentación Escolar. En Santander son varios los escándalos que han rodeado ese programa esencial. La corrupción no solo es un daño directo por los recursos perdidos, sino que también afecta muchas vidas. Por ello estos casos, como el de Aguilar, son tan graves.
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