Hoy se cierran los comentarios a la iniciativa de un nuevo Código de Tránsito que hizo el Ministerio de Transporte, liderado por la ministra Elsa Noguera. Muchas de las propuestas han llevado a protestas, pues hay quienes desean que no haya límites a las formas en que los colombianos se movilizan por las vías. Sin embargo, la enorme cantidad de muertes que se están acumulando por la falta de regulación obligan a que el Gobierno de Abelardo de la Espriella tome decisiones que, aunque impopulares, buscan proteger a toda la sociedad. En ese propósito, ya hay procesos que vienen del Gobierno anterior sobre los que se puede seguir construyendo.
Por ejemplo, tres días antes del cambio de Gobierno, el Ministerio de Transporte expidió la Resolución 20263040030675 de 2026, que reglamenta la Ley 2486 de 2025. Esa normativa hace que, a partir del primero de enero del próximo año, haya regulaciones más estrictas para los vehículos de micromovilidad eléctrica, que se refiere a los motopatines y a las bicicletas eléctricas. Después de años de quejas por parte de peatones y ciclistas, el Congreso y el Gobierno Nacional por fin se tomaron en serio la evolución tecnológica que ha ocurrido en los últimos años y que se aprovecha de las lagunas en la ley para invadir espacios que deberían ser seguros.
Gracias a esa regulación, hay nuevos requisitos de construcción, como sistemas de frenado en todas las ruedas o luces frontales y traseras, así como límites de velocidad y de los espacios por los que pueden transitar. Esto le da herramientas a la policía de tránsito para asegurarse de que los espacios de los peatones, por ejemplo, no sean invadidos, y diluye los incentivos para comprar este tipo de medios de transporte.
Por supuesto, no es una discusión fácil de dar. Esta semana, en Soacha, vimos protestas por la prohibición que implementó la alcaldía de bicitaxis con motores de combustión. Los bicitaxistas pidieron que se les garantice su derecho al trabajo, pero es necesario que cumplan requisitos mínimos de seguridad. Lo explicó el alcalde, Julián Sánchez Perico: “tomé esta decisión pensando en la vida de nuestra gente. Muchos de estos vehículos tienen motores adaptados en estructuras que no fueron hechas para eso, sin frenos adecuados, sin seguros y a velocidades que ponen en riesgo a pasajeros, peatones y a los mismos conductores. En Soacha ya hemos llorado esas consecuencias”.
Las cifras trágicas le dan la razón a ese tipo de medidas. Como contó hace poco El Espectador, en Bogotá, durante los primeros seis meses de 2026 hubo 368 muertes en siniestros viales, frente a 284 registradas en el mismo periodo del año pasado. Según la ministra Noguera, en todo el país más de 8.000 personas mueren en las vías, principalmente producto de choques que involucran motocicletas. Una de las medidas del Nuevo Código de Tránsito, que esperamos se mantenga, es la licencia de conducción por puntos. Como lo explica la ministra Noguera: “Acumular infracciones por exceso de velocidad, conducir bajo efectos del licor u otras conductas que ponen en peligro la vida de los demás y que no haya consecuencias graves. Eso tiene que cambiar”.
La conversación es compleja porque somos un país de motos y de vehículos que están a medio camino entre una bicicleta y una moto. Comprendemos que eso responde a la facilidad de acceder a ellos y a la desigualdad de ingresos. Pero no podemos conformarnos con que las vías sean una selva llena de riesgos a la vida de las personas. Las regulaciones deben ser estrictas, efectivas y concertadas entre todos los actores. Es la única manera de empezar a resolver una tragedia silenciosa.
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