El pasado jueves, 9 de febrero, se celebró en Colombia el Día del Periodista, ocasión propicia para de nuevo hacer un balance sobre el estado de la libertad de prensa en Colombia y los retos que el desempeño de la labor periodística enfrenta en una Colombia que se sueña en posconflicto. La Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) publicó su informe anual sobre el tema, titulado Silencioff. ¿Las regiones tomarán la palabra? El panorama no presenta muchos motivos para celebrar.
Empecemos con una buena noticia: por primera vez en siete años, en el 2016 no asesinaron a ningún reportero por causas asociadas a su oficio. No sobra recordar que es una tragedia injusta, y una falla del Estado, que en Colombia se siga viendo asesinar a los periodistas como una opción válida para silenciar sus investigaciones. Aunque el año pasado no sucedió ninguna tragedia, aún están frescas en la memoria las muertes de Flor Alba Núñez y de tantos otros comunicadores cuyos casos, como si fuera poco, están condenados a la impunidad.
Sin embargo, y como lo anunciamos, la ausencia de muertes no es razón suficiente para celebrar. La Flip registró 216 violaciones a la libertad de prensa que afectaron a 262 víctimas. El incomprensible secuestro de cinco periodistas en El Tarra, Norte de Santander, fue uno de los casos más graves. También se registraron 47 agresiones físicas contra periodistas y 44 obstrucciones al cubrimiento.
Que el informe sobre libertad de prensa de la Flip suene repetitivo año tras año es un testimonio de la poca voluntad política y de la sociedad para proteger el desarrollo de las labores periodísticas. Las cifras indican un diagnóstico ampliamente difundido, pero al que no se le ha encontrado cura: el periodismo regional está amordazado, las amenazas son especialmente eficientes para silenciar a los comunicadores, las mujeres tienen que sufrir obstáculos estructurales en sus carreras como periodistas y las autoridades son ineficientes, y en muchas ocasiones indiferentes, a las necesidades del periodismo nacional.
Un testimonio que utiliza la Flip para evidenciar el poder de las amenazas (que aumentaron 52,2 % en comparación al año anterior) resume todo lo mencionado: “que una periodista al norte del país, que denunció casos sobre corrupción, medioambiente y orden público en su región haya tenido que soportar varias amenazas. La censura apenas comenzaba. La reportera renunció al medio al que servía como corresponsal, abandonó el periodismo y empezó a trabajar en el área de comunicaciones de una empresa de su municipio. ¿La asesinaron? No, pero sí lograron sacar su voz del debate público”, dice el comunicado de prensa de la fundación.
Además, en las regiones más conflictivas y aisladas, la ley es la autocensura impulsada por el medio y la falta de recursos. En el año del inicio del posconflicto, la Flip denuncia que “en las zonas más afectadas por el conflicto o bien los ciudadanos no cuentan con suficientes medios de comunicación que informen sobre asuntos locales, o no existen garantías para el trabajo periodístico libre”.
La democracia necesita un periodismo sólido, con pluralidad de voces y de recursos. El país está fallando en propiciar un ambiente donde se pueda construir una prensa de ese estilo. Si no hay un compromiso serio por parte del Estado, y si la sociedad no despierta a la importancia de rodear a sus comunicadores, año tras año seguiremos lamentando las mismas condiciones, pero la principal damnificada será la construcción de una nueva Colombia.
¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a yosoyespectador@gmail.com.