En plena campaña presidencial, la Comisión Interamerican de Derechos Humanos (CIDH) decretó medidas cautelares a favor del movimiento político Marcha Patriótica. ¿El motivo? El Estado ha sido incapaz de garantizarles protección efectiva y sus miembros están siendo amenazados y asesinados por su ideología y porque se han convertido en voces incómodas en los territorios.
No puede hablarse de una inacción completa por parte del Estado. De hecho, con los casos de Marcha Patriótica y de todos los líderes sociales, el Gobierno ha reiterado el compromiso en la protección de la democracia. Ante la CIDH, la administración de Juan Manuel Santos argumentó que la Unidad Nacional de Protección (UNP) ha vinculado a 72 integrantes de Marcha Patriótica a los esquemas de protección, “de los cuales 57 contarían con esquemas fuertes”, y que se preparan políticas públicas para los casos de emergencia.
Sin embargo, no es suficiente. La Comisión hizo énfasis en que persisten los casos de amenazas y persecución. Por eso pidió que se protegiera a los 389 miembros del movimiento.
Según cifras de Cristian Delgado, coordinador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Marcha Patriótica, desde 2011 hasta el 11 de abril de este año han sido asesinados 161 miembros del movimiento. “La mayoría de nuestros integrantes”, le explicó a Colombia 2020 de El Espectador, “habitan en zonas rurales donde no llega la señal y el celular que les dan como medida de protección no sirve. También están en lugares de climas calurosos, donde es muy difícil portar todo el tiempo un chaleco antibalas, o zonas donde la Fuerza Pública no puede llegar y el botón de pánico básicamente no es efectivo”. En síntesis: el Estado necesita más creatividad y determinación para protegerlos.
No se trata sólo de Marcha Patriótica. La elección a la Presidencia, que ha exacerbado los ánimos, también ha sacado a relucir lo peor del país en formas de amenazas, intolerancia y violencia. Esta semana, por ejemplo, el nefasto exlugarteniente de Pablo Escobar, John Jairo Velásquez (alias Popeye), publicó una amenaza contra todas las personas que piensan votar por Gustavo Petro. Como él, hay muchas personas regadas en el país que creen que las diferencias se pueden solucionar a punta del miedo y las acciones ilegales. El rechazo nacional debe ser contundente.
Colombia no podrá jactarse de su democracia mientras las personas que la defienden son perseguidas, amedrentadas y asesinadas. Uno de los retos para el próximo gobierno será dar una solución eficiente a este problema que no cesa.
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