Luces y sombras en el nuevo intento de reformar la política

La reforma presentada recoge promesas de campaña, un deseo de cambio al sistema de partidos, viejas deudas de la política con la ciudadanía y uno que otro "mico". / Fotografía de referencia por cortesía del Ministerio del Interior.

El proyecto de reforma política presentado por el Ministerio del Interior esta semana tiene buenos propósitos, algunas omisiones importantes y grandes riesgos de desdibujarse, como siempre que los políticos deben legislar sobre sí mismos. El texto recoge promesas de campaña, un deseo de cambio al sistema de partidos, viejas deudas de la política con la ciudadanía y uno que otro “mico”.

Las listas cerradas y paritarias que se proponen debieron ser una realidad hace años. Lo segundo para garantizar, por fin, la participación de las mujeres, y lo primero para fortalecer los partidos y su democracia interna. La paridad se ha archivado una y otra vez en el Congreso mientras que la mayoría de las colectividades no han hecho un mínimo esfuerzo por promover la equidad de género en sus filas. Prueba de ello es que es 2022 y las mujeres solo representan el 30 % del Congreso. Inaceptable. Por su parte, el voto preferente no ha impedido que los avales de los partidos se entreguen a dedo. Implementar listas cerradas y bloqueadas es un ejercicio que vale la pena poner a prueba y además bajaría los costos de las campañas, facilitaría el escrutinio y atacaría el personalismo excesivo y dañino que caracteriza a nuestra democracia.

En el mismo sentido iría la financiación exclusivamente pública de las campañas electorales, que aplaudimos. La entrega de dineros privados, y en ocasiones turbios, a candidatos es uno de los grandes vicios de la política electoral. La financiación de campañas se ha convertido en una moneda de cambio que luego, una vez elegidos, se paga con una piñata corrupta de contratos, puestos y favores.

Otro de los grandes aciertos es acabar con el poder de los entes de control para suspender o destituir a funcionarios de elección popular, acogiendo el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en ese sentido.

Son bastante llamativos, aunque de menor trascendencia, los límites propuestos a la edad y a la reelección de los congresistas. Profundizar la democracia también es crear incentivos para participar en política y diversificar el Congreso con caras nuevas y jóvenes, pero se corre el riesgo de que a la función pública se llegue a aprender cuando debe ser más bien al contrario.

Como no podían faltar los vicios de siempre, de nuevo se resucita la figura del transfuguismo que se justifica con argumentos endebles para legislar a favor de intereses particulares. Aún peor es la modificación del régimen de inhabilidades de los congresistas para formar parte del Gobierno, al eliminar el punto que extiende estas restricciones por un año para aquellos que decidan renunciar a su curul antes de acabar su período. De forma descarada se pretende romper la separación poderes y aceitar la puerta giratoria perversa entre el Legislativo y el Ejecutivo.

Las grandes ausentes son las transformaciones a la organización electoral. El proyecto no toca a la Registraduría ni el cuestionado Consejo Nacional Electoral y desapareció la propuesta de un tribunal electoral independiente que había generado muchas expectativas. Sin embargo, no se descarta que esto se aborde en una reforma separada.

Como un guion que se recrea en cada legislatura, todo proyecto de reforma política que se presenta deja en duda la legitimidad del Congreso para reformarse. Este en particular tiene a su favor la recién formada aplanadora oficial y un deseo palpable de cambios profundos que está jalonando estos primeros meses de gobierno, pero el trecho que le espera es largo y azaroso porque toca intereses de los congresistas. ¿Será mucho pedir que no se embolaten los aciertos y se descarten los “micos” de siempre? Veremos.

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