El contrabando es uno de los desangres más grandes de las finanzas públicas en Colombia y, sin embargo, se trata de una práctica que parece haber sido normalizada en varias partes del país. La abundancia de espacios comerciales donde se esperan precios más bajos dado que no se pagan impuestos ni se reporta el origen de las importaciones es una realidad fácil de verificar en todos los rincones del país, en especial en las capitales cercanas a puntos fronterizos y en Bogotá. El problema es que, además de que se le hace trampa al Estado y se pierden recursos importantes para invertir en proyectos sociales, las bandas de contrabandistas suelen tener lazos con los grupos criminales que aterrorizan a las personas. Por eso es tan importante tomarse en serio el problema.
La semana pasada, Luis Carlos Reyes, director saliente de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), anunció la aprobación de un nuevo estatuto aduanero. Firmada por el presidente de la República, Gustavo Petro, la normativa, dijo Reyes, no está escrita “para contrabandistas sino para erradicar esta economía ilegal y violenta, y para proteger el comercio legal y la industria nacional”. Más allá de la retórica política de esa declaración, sí le apunta a un diagnóstico ineludible: Colombia no ha hecho lo suficiente para detener el contrabando y las autoridades a menudo se quedan sin las herramientas necesarias para enfrentarlo, lo que fomenta las actividades criminales.
Hace unas semanas, un informe de la DIAN le puso cifras a la crisis. Entre 2018 y 2022, el 10 % del valor de las mercancías que ingresaron al país fue contrabando y este superó los US$8.800 millones en 2022. Solo en el tiempo del gobierno de Gustavo Petro se ha decomisado $1 billón en mercancía de contrabando. Asumiendo que se trata de operaciones que no alcanzan ni siquiera a tocar el monto real de las mercancías de contrabando en Colombia, se puede empezar a entender la magnitud del problema.
¿Por qué lleva tantos años triunfando el contrabando? Es una mezcla de factores. Desde el punto de vista de las autoridades, tenemos un sistema tecnológico obsoleto y una serie de reglas que no se prestan para poder perfilar las mercancías que entran al país de manera oportuna. La presencia de grupos criminales con gran cantidad de recursos económicos fomenta la corrupción, en medio de un marco de impunidad generalizada y complicidad de las personas que compran esos productos. Toda la cadena está protegida por la idea de que pagar impuestos no es tan importante como encontrar “ofertas”.
El nuevo estatuto apunta a las fallas en política pública. Entonces, allí donde hay “cambiazos” —práctica que consiste en declarar un valor inferior al real de los productos que entran— se responde con la solicitud de reportar varios días antes qué mercancías son las que entrarán al país. También se pide el rastreo satelital de todo lo que entre a nuestro país y que haya un nuevo sistema de gestión de información. El reto del nuevo director de la DIAN, Jairo Orlando Villabona, será en la ejecución y en continuar las inspecciones a los espacios comerciales donde florece el contrabando.
Una norma no soluciona todos los problemas, pero sí es de celebrar la voluntad de fortalecer las herramientas de las autoridades aduaneras. La lucha debe continuar para que la economía legal se fortalezca.
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