La senadora Claudia López explica en El Espectador los siete mandatos de la consulta y qué se necesita para que sea de cumplimiento obligatorio para el Estado.

hace 1 mes

Muy tarde para desechar la refrendación

El problema es que, si se cae el plebiscito, no hay una alternativa viable para refrendar lo acordado. Los tiempos ya no dan. La asamblea constituyente, mentada con emoción por las Farc y el uribismo, no sería una refrendación sino un borrón y cuenta nueva. ¿Y entonces? ¿Nos olvidamos del asunto y seguimos como si nada? Sería inaceptable. Los colombianos nos sentiríamos engañados.

Sin el plebiscito, no queda claro cómo se refrendarían los acuerdos de paz acordados en La Habana.

Justo cuando la Gran Encuesta,  publicada por RCN y Semana, arroja el más bajo nivel de popularidad del presidente Juan Manuel Santos, mide apenas un 30% de los colombianos que aprueban el manejo del tema de la paz y muestra que el 66% se siente pesimista sobre el proceso, se conocieron los conceptos de la Contraloría y la Fiscalía pidiéndole a la Corte Constitucional que tumbe el plebiscito por la paz. Más allá de las consideraciones jurídicas, lo que todos deberíamos entender es que la refrendación de los eventuales acuerdos de La Habana es una promesa que ya resulta innegociable.

El contralor general, Edgardo Maya, y el fiscal general, Eduardo Montealegre, quienes en el pasado, pese a su autonomía, han mostrado cercanía ideológica y en agenda con el Gobierno, escribieron a la Corte Constitucional que el plebiscito no es necesario para refrendar los acuerdos de La Habana. Argumentan que el presidente, gracias a sus facultades extraordinarias, tiene la potestad de llevar los acuerdos ante el Congreso, y que éste, en palabras del contralor, “no puede desprenderse de estas atribuciones y simplemente dejarlas en manos de lo que decidan las mayorías del pueblo colombiano”. El fiscal, por su parte, manifestó que “el desarrollo constitucional y legal del acuerdo final para la terminación del conflicto no puede estar sometido a un resultado electoral”. En plata blanca, le piden a la Corte que arroje un salvavidas al Gobierno para evitar una batalla que hoy tiene una alta probabilidad de perder.

Si bien coincidimos en que la refrendación era innecesaria, el presidente hizo una promesa al respecto desde que se conocieron los contactos con las Farc, y desde entonces todas las conversaciones públicas sobre el proceso se han realizado bajo el entendido de que habrá una refrendación ciudadana. Por lo demás, la misma encuesta dice que el 83% de los colombianos está de acuerdo con la necesidad de una refrendación. Y el Gobierno lo sabe. Por eso el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, y el propio presidente Santos salieron el viernes a reiterar su compromiso de darle voz al pueblo colombiano sobre lo acordado.

Ojalá que, si la Corte decide que el plebiscito es inconstitucional, eso no se convierta en una excusa para que el Gobierno implemente los acuerdos sin dicha refrendación. Por más legalidad que tenga esa manera de actuar, le restaría legitimidad social al posacuerdo y les daría justa razón a los opositores para denunciar que se rompieron las reglas de juego prometidas.

El problema es que, si se cae el plebiscito, no hay una alternativa viable para refrendar lo acordado. Los tiempos ya no dan. La asamblea constituyente, mentada con emoción por las Farc y el uribismo, no sería una refrendación sino un borrón y cuenta nueva. Además de tirar por la borda los esfuerzos de los últimos cinco años de negociación, las dinámicas de ese mecanismo cambian por completo la discusión. ¿Y entonces? ¿Nos olvidamos del asunto y seguimos como si nada? Sería inaceptable. Los colombianos nos sentiríamos engañados.

La Corte es independiente, pero la realidad de esta coyuntura histórica hace necesario que en sus consideraciones entienda la importancia de la refrendación para la consolidación del proceso de paz. Hay propuestas que le piden ver que el Congreso, contrario al título que le puso, no aprobó en realidad un plebiscito sino algo más parecido a una consulta popular. Esa es una solución viable ante los posibles problemas de forma. Quizás haya otras.

En cualquier caso, el Gobierno debe tener claro que los argumentos jurídicos no excusarán la ausencia de refrendación si el plebiscito es declarado inconstitucional. Esa es una promesa con la que cuentan los colombianos y pasársela por la faja dejaría en cuidados intensivos todo el esfuerzo de paz.

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